La ONG internacional World Vision aseguró este martes que se ha producido un grave retroceso en los derechos de los menores en Ecuador a raíz de la pandemia y exhortó al nuevo Gobierno de Guillermo Lasso y a la sociedad civil a aunar esfuerzos y destinar recursos para salir de esta crisis social.
«Los informes de organismos nacionales e internacionales (..) muestran una mayor vulnerabilidad de este grupo etario a los efectos económicos y sociales de dicha pandemia, en especial, para quienes se encuentran en situación de pobreza y otras condiciones de riesgo», advirtió la organización con motivo del Día del Niño en el país andino.
Esteban Lasso, su representante en el país, dijo en una rueda de prensa que actualmente se vive en «un contexto de crisis sanitaria, social y económica», pero «la crisis no es lo más preocupante, sino sus consecuencias en todos los ámbitos y con mayor afectación en niños, niñas y adolescentes».
«La única alternativa que se tiene es la reconstrucción del tejido social con la ayuda internacional», advirtió el directivo, para quien la sociedad civil debe actuar también dada la «debilidad» del Estado.
El informe presentado, basado en investigaciones en el terreno e informes nacionales e internacionales, analiza la infancia en Ecuador antes y después del estallido de la pandemia, y cómo se han visto perjudicados los menores.
Salomé Vacacela, que realizó la investigación, aseguró que pese a los más de 20.000 casos constatados en Ecuador de casos de contagios entre menores y a las 75 muertes, las consecuencias de la pandemia son aún mucho peores si se analizan la pérdida de derechos, como acceso a salud, alimentación y educación.
«El 30 % de los hogares con niños de 5 años no pudieron acceder a vacunas (infantiles)», denunció como ejemplo, y el «39 % de los hogares que antes de la pandemia recibía alimentación escolar, actualmente no accede a ella».
Pero según World Vision, que se dedica al bienestar integral de la niñez y la adolescencia, el impacto se produce a todos los niveles, en violencia intrafamiliar, actividades ilegales, afectación psicológica, desarrollo infantil, etc.
También en un crecimiento del trabajo infantil, ya que en 2020 aumentó este indicador entre los 15 y 17 años para ayudar a sus familias.
«La pandemia ha exacerbado las brechas preexistentes y pone en riesgo décadas de avance en la garantía y protección de los derechos de la niñez y adolescencia», asegura la organización.
Y atribuye la pérdida de derechos a «la sobrecarga de los sistemas de salud, el cierre prolongado de las escuelas, la pérdida de seguridad económica en los hogares, el riesgo de sufrir violencia y otras formas de explotación y la limitada participación a través de medios virtuales».
La incidencia se nota mucho más en zonas rurales que urbanas, donde la pobreza extrema es mayor y el acceso a telecomunicaciones muy inferior.
«El cumplimiento de los derechos (de los menores)» se ve afectado sobre todo por el «crecimiento de la pobreza» y «la falta de educación en condiciones de una brecha digital», explicó Patricia Horna, directiva regional de la ONG.
De esta forma, por ejemplo, el 80-90 % de los menores en hogares de bajos recursos ven clases por teléfono celular.
En las limitaciones ha influido la falta de presupuesto del Gobierno ecuatoriano para lanzar planes de ayuda a la población más necesitada.
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La organización aprovecha el cambio del Gobierno en el país, ahora en manos del centroderechista Lasso, para instar a «la implementación de una agenda de desarrollo más justa y la posibilidad de incidir en la mitigación de los efectos de la pandemia» en los menores.
Para ello, hace recomendaciones como «una priorización del gasto público para la atención en salud», «la reapertura de escuelas y centros de desarrollo infantil», «la reactivación económica con un enfoque redistributivo y de equidad», y «el trabajo colaborativo con todos los sectores de la sociedad».
EFE