Según la Cámara de Minería del Ecuador, las protestas en Palo Quemado por el proyecto minero La Plata obedecen a intereses electorales. La presidenta de ese organismo, María Eulalia Silva, asegura que las organizaciones que están en contra del proyecto buscan “generar una plataforma política que les permita remontar electoralmente”.
«Lo que están haciendo es infundiendo miedo a base de mentiras, extorsión y chantaje a las comunidades para generar el caos y así generar una plataforma política que les permita remontar electoralmente, y eso es nefasto», dijo Silva en una entrevista con EFE.
Aseguró que la agenda de desarrollo del país no puede estar supeditada a un personaje político. Esto después de que las consultas ambientales para llevar adelante el proyecto minero La Plata fueron suspendidas por un juez.
Entre las organizaciones que se manifestaron en contra de las consultas ambientales está el Frente Nacional Antiminero (FNA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza.
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Silva precisó que ese movimiento político «no tiene ningún plan real de desarrollo”. Pero asegura que “sí sabe contagiar y manipular”. “El país no puede estar sujeto a este tipo de chantajes, no sólo a un proyecto minero sino a la agenda de inversiones del país«, mencionó.
Además, considera que al estar en una época prelectoral dichos movimientos políticos han visto mermado su capital político. “No tienen la aceptación que tenían hasta hace un año y medio. Ahora están debilitados», afirmó Silva.
Consultas suspendidas, no anuladas
Si bien el movimiento indígena celebró la suspensión temporal de las consultas ambientales como un triunfo, la presidenta del gremio minero recordó que eso no significa que quede anulado el proyecto minero, ni que el proceso de consulta ambiental sea inconstitucional.
«Consiguieron que un juez local dicte esa medida cautelar. Nos llama la atención porque es una medida que da un juez local, sobre un derecho que está consagrado en la Constitución y la Corte Constitucional a través de muchos fallos», apuntó Silva.
La resolución judicial se dio después de que la semana pasada un grupo de manifestantes antimineros accedieron al recinto donde se desarrollaban las consultas ambientales. El hecho ocasionó un enfrentamiento entre la policía y los pobladores de la zona. El resultado: al menos diecisiete personas heridas, entre ellos dos policías, así como dos vehículos calcinados.
El Gobierno aseguró que el contingente policial no usó armamento letal ni perdigones. Según dijo, los heridos por armas blancas corresponden a armas de fuego caseras que portaban los manifestantes.
Los hechos ocurrieron en la parroquia de Palo Quemado, perteneciente al cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. Allí se encuentra la concesión de 2.222 hectáreas otorgada a la minera canadiense Atico Mining. Se prevé que en el proyecto se invierta unos 100 millones de dólares para la explotación de este yacimiento polimetálico.
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Gobierno niega uso de armas letales o perdigones contra indígenas en Palo Quemado. ¿Acto terrorista? https://t.co/MNgyms3SC0 pic.twitter.com/udZkTITRs7
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