La inspección, realizada por el magistrado junto a abogados defensores de los derechos humanos, también recogió que en ese momento no había un médico en la prisión.
Actualizado 23:15
Guayaquil, EFE |
La Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, presenta en algunos pabellones condiciones insalubres y sin servicios básicos como iluminación, agua y ventilación, de acuerdo a una reciente inspección al centro carcelario realizada por un juez.
El informe de esta supervisión, al que tuvo acceso EFE, reporta múltiples quejas de los presos, quienes consideran que la comida recibida es insuficiente, así como también advierten de una falta de atención médica y de dificultades para acceder a abogados y de comunicarse con sus familias.
De acuerdo al reporte elaborado por el juez de Garantías Penitenciarias de Guayaquil José Luis Jiménez, durante la visita a la prisión llevada a cabo el 22 de abril, «se observó excremento de roedores» y el rebose de «aguas servidas (fecales)» en algunas instalaciones.
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La inspección, realizada por el magistrado junto a abogados defensores de los derechos humanos, también recogió que en ese momento no había un médico en la prisión, si bien se consignó que desde febrero se está construyendo un policlínico.
También reseñó que «no ingresa medicación desde hace tres meses», además de que no existen condiciones ni infraestructura para presos con discapacidad,
La falta de medicamentos ya había sido denunciada por familiares de los presos, que en abril también dijeron a EFE que el Gobierno estaba «dejando morir» a sus parientes enfermos con tuberculosis, tras una alerta de aumento de fallecimientos descartada por el Ministerio de Salud.
CDH advierte «crisis humanitaria»
«En la Penitenciaría hay una agudización de una crisis humanitaria reportada hace un año que en cualquier momento explota», señaló a EFE Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien estuvo en la visita realizada por el juez.
El abogado dijo que durante el recorrido pudieron evidenciar que «la mayoría de los presos» están en «estado cadavérico», principalmente por la falta de comida, y que «sufren tortura».
En el documento elaborado por el juez también se recogen otras quejas de los reos en las que se menciona la falta de acceso a programas educativos, a actividades recreativas y culturales y a ejes de tratamiento para el acceso a beneficios penitenciarios.
Así, el juez dispuso al constituir mesas técnicas con las entidades del Gobierno encargadas de la seguridad, administración y gestión de las cárceles en Ecuador, «a fin de llegar a consensos y adoptar medidas correctivas sobre el aumento de contagios de tuberculosis dentro de los centros penitenciarios».
También elevó las quejas de los presos al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución penitenciaria del Estado, «a fin de que se tomen los correctivos del caso y garantizar sus derechos humanos«.
Mientras, recomendó a las Fuerzas Armadas recibir charlas de capacitación en temas de derechos humanos, con el propósito de que «se cumplan los estados de excepción emitidos por el presidente en estricto apego a las normas internacionales de derechos humanos».
Penitenciaría del Litoral, cárcel más grande de Ecuador
La Penitenciaría del Litoral alberga a unos 7 107 presos, más de la mitad de los alrededor de 12 000 internos que se encuentran en el complejo penitenciario del Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de la ciudad de Guayaquil.
Esta prisión ha sido uno de los epicentros de la crisis carcelaria que entre 2021 y 2024 ha dejado más de 500 presos asesinados en una serie de masacres entre bandas criminales rivales.
También es parte de las prisiones militarizadas por el actual presidente, Daniel Noboa, en el marco de los sucesivos estados de excepción que ha decretado para enfrentar al crimen organizado, cuyas estructuras controlaban las prisiones ecuatorianas en su interior.
Desde inicios de 2024 Ecuador está bajo el ‘conflicto armado interno‘ declarado por Noboa para contrarrestar la escalada de violencia que afecta al país y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha agravado desde el inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.
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