Richard Villagrán, presidente de LaFattoria S. A, dice que hay intereses políticos detrás de las acusaciones que el presidente Daniel Noboa ha hecho contra la empresa que provee alimentación a los presos de una veintena de cárceles en Ecuador.
«Estoy devastado, decepcionado y asqueado de la política», dijo Villagrán en entrevista con NotiMundo este jueves 2 de mayo de 2024.
Para él se trata de un tema político por su sociedad con el excandidato presidencial Jan Topic. Aunque aclaró que se trata de una empresa diferente a la que ha suspendido el servicio de alimentación en las prisiones del norte del país.
«No me queda duda de que hay una bandera política«, insistió Villagrán.
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A través de su cuenta de X, Noboa escribió que «jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado«. Incluso aseguró que desde 2015 LaFattoria S.A. ha recibido 171 millones de dólares de pago por sus servicios.
«171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales«, continúa la acusación del Primer Mandatario.
Ante lo que Villagrán reaccionó con una negativa. Recordó que en los últimos meses se han hallado a militares y policías ingresando armas, municiones, drogas y otros elementos prohibidos.
«En 12 años no han encontrado un camión, un trabajador mío (ingresando objetos prohibidos a la cárcel), nunca», aseguró Villagrán y pidió que se investigue. Además cuestionó si «¿no será que se quieren (el Gobierno) ahorrar 30 millones que nos deben?»
De acuerdo con Villagrán, el Estado le adeuda 30 millones de dólares a su empresa. 20 millones por el servicio de desayuno escolar y 10 millones por el trabajo al interior de las prisiones.
También reveló que por falta de pago 152 trabajadores han sido despedidos. Mientras que adeuda a más de 300 proveedores.
«Hemos trabajado, transparente y honestamente con el Estado desde hace 12 años, tanto en el desayuno escolar como en seguir sirviendo a los privados de libertad. Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa, de la cuál dependen tantas personas, por un juego político«, sentenció el empresario.
Finalmente dijo que se defenderá en las cortes del país y llegará a instancias internacionales, de ser el caso.
Suspensión de servicio
Los presos de una veintena de cárceles no estarían recibiendo alimentación completa desde el 24 de abril, cuando la empresa dejó de comprar materia prima. Desde entonces se recibieron donaciones y se distribuyeron a los presos.
Pero el 30 de abril todo el personal de LaFattoria abandonó los centros de rehabilitación por la falta de pago.
Un juez dispuso, este jueves, un plazo de 15 días para que el Gobierno destine los fondos necesarios para la contratación de los servicios de alimentación de las personas privadas de libertad.
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