La Fiscalía formuló cargos contra tres militares retirados por graves violaciones a los derechos humanos, como privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura, además de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los tres militares procesados, que formaron parte del Departamento de Inteligencia Napo, perteneciente a la Brigada de Selva 19 Napo, no podrán salir del país durante los 90 días que durará la instrucción del caso y deberán presentarse periódicamente en el juzgado, según informó la Fiscalía en un comunicado.
Los hechos se remontan a 1995, cuando miembros del Departamento de Inteligencia Napo, de la Brigada Militar del cantón Francisco de Orellana allanaron, sin orden judicial, el domicilio de Máximo L., al que golpearon y detuvieron de manera arbitraria.
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Al ver que se lo llevaban por la fuerza, vecinos de Máximo y policías que patrullaban el sector en ese momento persiguieron al vehículo de uso militar y exigieron que lo trasladen hasta el cuartel de Policía de Shushufindi.
Sin embargo, militares de la brigada Selva 19 que llegaron a bordo de un helicóptero acallaron a la gente, a la que apuntaron con sus armas para desalojarla de los patios de la Policía.
A Máximo L. se lo llevaron a las instalaciones de la Brigada Militar, donde fue incomunicado, maniatado, pateado en «incontables» veces en el estómago y asfixiado con agua.
En su testimonio, Máximo dijo que los militares buscaban que se inculpe como asaltante de un tanquero.
Primero se negó, pero sucumbió ante la tortura y accedió a escribir lo que los militares le pidieron, «incluso dar nombres de personas implicadas» que no tenían ninguna vinculación con él, de acuerdo a su versión.
También fue acusado de ser espía peruano y lo amedrentaron con aplicarle lo que llamaban “ley de fuga”.
Días después de estos hechos, uno de los torturadores lo subió en un vehículo hacia la Policía de El Coca, para que rinda declaración ante un fiscal. Máximo L. permaneció en poder de los militares, desde el 30 de junio al 2 de julio de 1995. EFE
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