De Lunes a Lunes analiza el anuncio de cooperación en seguridad de EE.UU. a Ecuador

La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador abrió el centro del debate en De Lunes a Lunes con Andrea Bernal este 9 de marzo del 2026. 

Expertos analizaron el alcance de las nuevas operaciones conjuntas entre el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas del Ecuador contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como sus posibles efectos en la región. 

Los analistas coinciden en que la cooperación internacional puede aportar herramientas importantes, también advierten sobre los límites de una estrategia centrada principalmente en el componente militar.

Apoyo del Comando Sur de EE.UU.

La analista y experta en seguridad, Katherine Herrera Aguilar explicó que la reserva sobre los detalles operativos es parte de la lógica de estas intervenciones. Según indicó, revelar información completa sobre cómo se ejecutarán las acciones podría alertar a las organizaciones criminales. “Son operaciones que buscan acabar con esas estructuras criminales; si se difunde cómo se va a operar, incluso podrías poner en alerta a estas estructuras”, señaló.

Herrera añadió que, aunque existe participación estadounidense, las operaciones en territorio ecuatoriano estarán a cargo principalmente de las fuerzas locales.

Detalló que el Comando Sur de Estados Unidos ha informado que el trabajo será conjunto, con apoyo tecnológico e intercambio de información para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Además, explicó que uno de los ejes de la cooperación será la inteligencia estratégica. Esta información no solo estará dirigida a capturar actores criminales, sino a identificar los nodos logísticos que sostienen las redes del narcotráfico, como puertos, fronteras y centros de acopio.

También mencionó que el acompañamiento estadounidense podría extenderse a áreas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Andino cuestiona 'solución con violencia'

Desde otra perspectiva, el abogado y político Mauro Andino sostuvo que la cooperación internacional es positiva, pero advirtió que no se puede reducir la solución del problema de la violencia únicamente al uso de la fuerza. “Pensar que solo el fuego o las balas van a solucionar la criminalidad en Ecuador es tener una mirada miope”, afirmó.

Andino subrayó que el problema de fondo es institucional. A su juicio, Ecuador enfrenta un Estado debilitado por la corrupción y por instituciones que no funcionan adecuadamente, por lo que cualquier estrategia de seguridad debería incluir procesos de fortalecimiento institucional y reconstrucción del aparato estatal.

Para ilustrar los límites de las estrategias militares, recordó el antecedente del Plan Colombia, implementado entre 2000 y 2015 con apoyo estadounidense. Según explicó, durante ese periodo se destinaron alrededor de 12 000 millones de dólares, una inversión que, pese a su magnitud, no logró eliminar el problema del narcotráfico en ese país.

Aumento de la actividad criminal

Por su parte, el académico y exfuncionario del Departamento de Defensa estadounidense Frank O. Mora señaló que Washington ya identificaba desde finales de la década de 2000 el crecimiento del narcotráfico en Ecuador. Recordó que, durante años, el país estuvo relativamente protegido de este fenómeno, pero que entre 2008 y 2009 comenzó a evidenciarse un aumento significativo de la actividad criminal vinculada al tráfico de drogas.

Mora también sostuvo que la actual estrategia de Estados Unidos tiene un fuerte componente comunicacional con base en el marketing y la publicidad. 

A su juicio, la administración de Donald Trump ha destacado por la forma en que publicita y presenta este tipo de iniciativas. Sin embargo, advirtió que el enfoque actual representa una “militarización 2.0” del combate al narcotráfico, una estrategia que no solo se aplica en Ecuador, sino también en otros países de la región.

¿El Cpccs se queda sin poder?

Otro de los análisis que destacó la noche de este lunes 9 de marzo, fue el concurso de Fiscal General del Estado que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los invitados coincidieron que el organismo que escogerá entre 75 postulantes a la nueva autoridad de la Fiscalía enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su probidad y la credibilidad del concurso.

Para el analista económico, Andrés Rodríguez Estrada existe escasa confianza de la población en el Cpccs o en la Asamblea. Y a ello se suma que los requisitos que exigen para la elección de quienes ejercerán cargos de poder son mínimos.

Por su parte, la abogada Nathaly Pernett cuestiona que los requisitos para ser miembro del Cpccs se reduzcan a "haber existido 18 años y dos cartas de recomendación que puede firmarte hasta el que pasa por la calle".

Finalmente, el exmiembro del Cpccs, Juan Esteban Guarderas advirtió que "en este concurso van a haber narcopopstulantes y lo importante es detectarlos, impugnarlos y evitar que la Fiscalía caiga en manos de los GDO".