Un nuevo delito será integrado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y tiene el objetivo de proteger a los menores de edad de las organizaciones criminales.
La Asamblea aprobó esta reforma que establece sanciones más fuertes para el reclutamiento de adolescentes y para quienes que se aprovechan de su vulnerabilidad y de los vacíos legales que los favorece a los menores de edad.
Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía de la Legislatura, explica que las reformas se trabajaron desde un proyecto de 32 artículos que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea.
Y tras ejecutarse el primer debate, la Comisión de Seguridad armó un conjunto con diversas instituciones vinculadas al eje de seguridad (Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Policía Nacional, entre otros) se definireron las propuestas.
Abogados y defensores de los derechos de la niñez califican como positivos los cambios. Sin embargo, recuerdan que las reformas en las leyes implican un trabajo articulado del Estado.
Nuevo delito
La reforma establece que en el COIP se sancione el reclutamiento de menores de edad para diferentes delitos. Esta infracción será sancionada con 10 a 13 años prisión.
Pero la condena se eleva hasta los 16 años “si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo”.
Jorge Bolaños, asesor jurídico de la Corporación de Estudios y Publicaciones y docente de la Universidad Central, considera que la implementación del artículo es necesario, pues con él se está sancionando a las personas que inducen a los delitos a adolescente.
Además, recuerda que la Constitución establece que los niños y adolescentes son imputables. Y al analizar esa condición desde el punto de vista social y legal, la Asamblea actuó de forma correcta para protegerlos.
Más cambios legales
Por otra parte, en las reformas aprobadas por la Asamblea se establecen cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Estas reformas serán en el internamiento de los adolescentes infractores y jóvenes adultos (16 años).
Por ejemplo, se establecerá «la separación de adolescentes y quienes ya cumplieron la mayoría de edad o jóvenes adultos» en los Centros de Adolescentes Infractores.
También se graduará la sanción de internamiento en delitos con:
- 4 a 6 años de internamiento por delitos con pena de 10 a 16 años
- 6 a 8 años de internamiento por delitos con pena de 16 a 22 años
- Y 8 a 10 años de internamiento por delitos con más de 22 años.
Los cambios en este cuerpo legal también está dirigidos a fortalecer el acompañamiento y proceso de rehabilitación de los adolescentes que se encuentran en los centros.
Desde la Corporación se destaca como un cambio indispensable para mejorar el sistema, pues con ello se garantiza uno de los aspectos fundamentales para su rehabilitación, la educación.
«A los jóvenes hay que darles educación, esa es la mejor arma que tenemos«, enfatiza Bolaños.
Menores involucrados en delitos
Durante los dos últimos años, aumentaron los adolescentes involucrados en delitos en Ecuador. Uno de los hechos que más conmocionó al país fue el ataque armado en el Hospital de Chone, ocurrido en noviembre de 2022.
Sicarios intentaron acabar con la vida de un adolescente de 16 años que se encontraba internado. La Policía aseguró que este chico entró al crimen organiozado desde los 13 años y era el responsable de varios asesinatos. Entre ellos de la banda donde pertenecían los asesinos que lo buscaban.
La participación de menores en este tipo de delitos causó que en la sociedad se pida el cambio de la legislación. La defensora de los derechos de la niñez Berenice Cordero explica que la sociedad es la responsable de cuidar a los adolescentes.
«La justicia coadyuva para que las personas convivamos en una sociedad donde prevalezca el bien común y los derechos de las personas y no acaba con el delito pues hay otros factores relacionados con el bienestar de las personas que influyen».
De igual manera, el legislador Ramiro Narváez sostiene que esta propuesta es una herramienta adicional porque la solución es producto de un trabajo en conjunto con los distintos poderes.
«Las soluciones vienen de distintos frentes y con el apoyo de muchas instituciones. La Asamblea en temas de seguridad está cumpliendo al país pero necesitamos que se sume el Ejecutivo y la Justicia«, enfatiza.
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