El Mar Menor como ‘víctima’: primer juicio con un ecosistema actúa como acusación particular

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto celebrar este miércoles un juicio sin precedentes: por primera vez, se ha permitido personarse como acusación particular a un espacio natural, el Mar Menor, el primer ecosistema de Europa que cuenta con personalidad jurídica.

Este proceso judicial sienta en el banquillo al administrador único de dos empresas agrícolas, Ecosarete y Datelio, por los vertidos provocados en el Campo de Cartagena entre 2015 y 2017 debido al uso de desalobradoras no autorizadas para obtener agua de riego.

Se trata de la primera pieza que llega a juicio de las 39 en las que está dividido el caso Topillo, una macroinvestigación contra el uso ilegal de desaladoras en el Campo de Cartagena, causantes de la contaminación por nitratos de la laguna. Sin embargo, la mayor novedad está en la parte de la acusación. 

Las organizaciones Ecologistas en Acción Región Murciana, Greenpeace, Pacto por el Mar Menor, la Sociedad Española de Ornitología y Alianza Mar Menor Amarme (además de cuatro ayuntamientos) actúan en la causa, no como acusación popular, sino como propios perjudicados, en representación del Mar Menor.

“Solo el mero hecho de celebrarse es ya un hito histórico, es la primera vez que comparece ante un tribunal un ecosistema reconocido legalmente como sujeto de derechos”, asegura Sergio Marco, abogado de la mayoría de estas entidades, que cuenta que se están poniendo en contacto con él medios de comunicación de Alemania, Francia, Australia.

Como explica a su vez Inés Díaz, letrada de Greenpeace, “yo comparezco como el Mar Menor, como si el Mar Menor me hubiera contratado”. “En el futuro seguramente esto ocurra con más ecosistemas”, comenta.

Si finalmente estas empresas agrícolas son declaradas culpables, este juicio puede diferenciarse de otros por dónde va a parar la indemnización. La fiscalía ha pedido que esta sea entregada al Estado, como titular del dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico afectado. 

Sin embargo, las organizaciones que representan al Mar Menor como parte afectada en el juicio defienden que la compensación de 506.137,44 euros debe ser para el humedal.

Este ecosistema ya dispone de NIF y se espera que en breve tenga su propia cuenta bancaria. 

El acuerdo de las entidades que tienen previsto actuar como acusación particular en esta causa es que ese dinero fuese de forma íntegra al Mar Menor, decidiendo sobre su uso los tutores de la laguna. 

Estas son las personas designadas de forma oficial como sus representantes, que no participan en el juicio del miércoles por haber sido elegidas de forma posterior al procedimiento que ahora culmina.

Esta es una de las aplicaciones clave de la ley de 2022 que dotó de derechos propios a la laguna amenazada: su artículo 6 establece que cualquier persona está legitimada para defender al ecosistema murciano ante la Administración o la justicia. 

Esta norma pionera en toda Europa surgió a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que sumó más de 600.000 firmas de los ciudadanos en medio de la pandemia y luego salió adelante en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox, siendo más tarde avalada por el Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, más de tres años después de la aprobación de la ley, hasta ahora no se había permitido personarse a representantes del Mar Menor como acusación particular.

Para la abogada de Greenpeace, si bien todo esto “suena muy bonito”, todavía son muchas las incertidumbres. “El problema de este artículo 6 [que establece que cualquier persona pueda defender al Mar Menor en un tribunal] es que luego no saben muy bien cómo interpretarlo”, reconoce.

La propia Audiencia Provincial de Murcia, en una decisión de jueces diferentes, había rechazado de forma anterior que todo esto sucediera. 

Y existe por ello una reclamación presentada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que todavía se espera un pronunciamiento. Pero más de tres años después, ahora sí llega a juicio una causa en la que el Mar Menor está personado como acusación particular, lo que otorga a sus representantes más derechos.

“¿Cómo antes no se permitió y ahora sí? La Audiencia Provincial tendrá que dar una explicación", opina Eduardo Salazar, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Murcia, institución académica de la que surgió la iniciativa para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. 

“Y si no da explicaciones, nosotros iremos al Tribunal Europeo y le diremos: ‘Mire usted, el otro día se celebró un juicio donde el Mar Menor sí se personó como víctima”, incide.

Teóricamente, que Greenpeace o Ecologistas en Acción se puedan presentar como perjudicados en lugar de, como es habitual, acusación popular, tiene importantes implicaciones. 

Según Marco, una primera diferencia es que, como representantes de la parte afectada, tendrían que dar su consentimiento si se produjese un acuerdo entre la fiscalía y el acusado. 

El motivo de que esta sea la primera pieza del caso Topillo que llega a juicio se debe justamente a este tipo de pactos, que hasta ahora las organizaciones en defensa del ecosistema no han podido impedir. 

“Espero que ahora lo podamos parar con un 99% de seguridad, pues a veces los tribunales hacen interpretaciones extrañas”, afirma Marco.

En el escrito de la fiscalía para el juicio que comienza el miércoles, se asegura que las empresas agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L., con unas 16 hectáreas en el Campo de Cartagena, disponían de una desaladora e instalaron otra en la finca denominada Mar de Cristal, sin disponer de autorización para su funcionamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). 

Esta forma de obtener agua con desaladoras genera un vertido, cargado de salmuera y nutrientes, que la fiscalía señala como “una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor”. 

Por todo ello, pide para el administrador de las empresas agrícolas una pena de siete años de prisión y una indemnización de 506.137,44 euros, la cantidad en la que los peritos han estimado el daño ambiental provocado.

Como señala Marco, aunque las empresas acusadas han argumentado que las desaladoras encontradas por los agentes del Seprona no llegaron a utilizarse, existen resguardos del mantenimiento y la compra de 4.221 kilos de desincrustante para su uso, calculándose que se llegaron a desalar 649.384 m³ de agua, lo que provocó un vertido al Mar Menor de 162.345 m³. 

“Si uno tiene un coche y hay facturas de gasolina y del taller, parece evidente que lo ha utilizado”, incide el abogado, que también recalca que hubo cultivos en la finca, sin que existiera autorización para regar de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Contenido publicado el 18 de mayo de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.