CIDH reitera el llamado al diálogo en Ecuador en el contexto de manifestaciones en Otavalo
En Otavalo se registran fuertes enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y las comunidades indígenas este martes 14 de octubre.

Un convoy con más de 1000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad se desplazó a Imbabura.
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Actualizada:
14 oct 2025 - 12:36
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron este martes 14 de octubre del 2025 su preocupación por posibles violaciones de derechos humanos registradas en el contexto del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
El organismo recordó que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, pilares esenciales de la democracia. La CIDH se pronunció en un comunicado en redes sociales.
Las movilización se ha concentrado principalmente en la provincia de Imbabura, n el norte del país, en donde este martes se registran fuertes enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y manifestantes.
La CIDH informó que recibió denuncias sobre presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, así como actos violentos atribuidos a manifestantes. Organizaciones sociales han reportado además más de 100 personas heridas, 100 detenidas, 12 desaparecidas y 12 procesadas por presuntos actos de terrorismo.
Entre los hechos más graves, mencionó la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fueres, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, y actualmente bajo investigación de la Fiscalía General.
El Estado, por su parte, denunció ataques contra agentes y convoyes, señalando la presunta infiltración de grupos del crimen organizado en las protestas. Según información oficial, 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos durante enfrentamientos.
Varias organizaciones indígenas denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 10 dirigentes y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra otros 50 miembros. Alegan que estas acciones podrían estar relacionadas con la Ley de Transparencia Social, recientemente aprobada, y que podría usarse para obstaculizar la labor de movimientos sociales.
Restricciones a la prensa y comunicaciones
La RELE registró 21 casos de agresiones y hostigamiento a periodistas durante la cobertura de las protestas, presuntamente cometidas tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad.
Además, reportó la suspensión por 15 días del medio comunitario indígena TV MICC, ordenada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel), así como presuntas interrupciones en servicios de internet.
La CIDH advirtió que la suspensión de medios comunitarios puede generar un efecto inhibitorio sobre otros medios y limitar el derecho de la ciudadanía a recibir información durante momentos de conflicto social.
Llamado a la investigación y al diálogo
El organismo interamericano reiteró que la protesta pacífica debe ser protegida, y que el uso de la fuerza en su control debe ser “excepcional, legal, necesario, proporcional y sujeto a rendición de cuentas”. Asimismo, recordó que el uso de armas de fuego está prohibido en operativos de control de manifestaciones.
La CIDH instó al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de abusos y a sancionar a los responsables. También enfatizó que la participación de algunos individuos en actos violentos no puede justificar la criminalización general de la protesta.
Finalmente, el organismo exhortó a las autoridades ecuatorianas a mantener un diálogo inclusivo e intercultural con los sectores movilizados, a fin de atender sus demandas y buscar salidas democráticas al conflicto.
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