Alcalde de Aguarico sentenciado a tres años de prisión por utilizar un título falso

Juan Carlos Orellana, alcalde del cantón Aguarico, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de uso doloso de documento falso, informó la Fiscalía General del Estado este lunes 18 de mayo de 2026.

La sentencia fue emitida por un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que además dispuso el pago de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados. 

Fiscalía señaló uso de título falso de abogado

Durante el juicio, la Fiscalía Provincial de Orellana sostuvo que el alcalde utilizó documentos no auténticos para registrar un título de abogado en Ecuador.

Según la acusación, presentó un título, un récord académico y un certificado de estudios presuntamente emitidos por la Pontificia Universidad Javeriana.

Los documentos fueron entregados en agosto de 2019 ante la entonces Senescyt, actualmente integrada al Ministerio de Educación.

La Fiscalía indicó que con ese título el funcionario firmó documentos públicos y privados como abogado. 

Universidad aseguró que no estudió allí

En el juicio, la Directora de Registros y Admisiones de la universidad colombiana declaró que el procesado no cursó estudios en esa institución.

Además, un perito documentológico encontró inconsistencias en los códigos QR de los certificados presentados.

La investigación también determinó que durante el tiempo en que el alcalde aseguró haber estudiado en Colombia no registró salidas del país, según información migratoria.

A esto se sumaron testimonios de funcionarios municipales que señalaron que el ahora sentenciado continuó trabajando normalmente en el Municipio de Aguarico durante ese periodo. 

Tribunal ordenó disculpas públicas

El Tribunal concluyó que el alcalde conocía que los documentos eran falsos y que los utilizó para obtener un título de tercer nivel en Ecuador.

Como parte de la sentencia, los jueces ordenaron al Ministerio de Educación y al Registro Civil anular el registro del título de abogado y actualizar la información académica del sentenciado.

También dispusieron que ofrezca disculpas públicas por afectar la fe pública. El texto deberá permanecer publicado durante un año en el portal web del Ministerio de Educación.

Durante el juicio, Juan Carlos O. G. se acogió al derecho al silencio.

La Fiscalía anunció que apelará la sentencia porque considera que no se tomó en cuenta la agravante de servidor público contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).