Caso Laberinto: chats, cheques y documentos financieros apuntan a posibles pagos de campaña

La Fiscalía General del Estado reveló nuevos elementos, este domingo 25 de octubre del 2026, que forman parte del Caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos. 

A través de su cuenta de X, el Ministerio Público informó sobre chats, documentos financieros y otros indicios que son analizados para establecer posibles vínculos entre operaciones económicas, personas y empresas del entorno investigado.

Una proforma de USD 5 600 bajo análisis

Entre los documentos consta una proforma por USD 5 600 para imprimir cuestionarios en formato A4. En el campo correspondiente al nombre o razón social aparece la referencia «RC 5». 

Según la información difundida, este documento forma parte de las diligencias para determinar si existe alguna relación entre la cotización, el entorno empresarial presuntamente vinculado a Aquiles A. y un eventual pago para concretar esa adquisición.

Otro de los elementos corresponde a una conversación en la que los participantes detallan operaciones por USD 203 900 y mencionan diferentes montos y destinos del dinero. 

En el intercambio aparecen referencias a un pago de USD 89 000 por una camioneta, una diferencia de USD 14 900 y un abono de USD 100 000 para una campaña electoral. 

La Fiscalía analiza estos mensajes para establecer el contexto de las transacciones y su posible relación con los hechos investigados.

Chats mencionan presuntos aportes a una campaña electoral

Uno de los mensajes incluidos en el expediente hace referencia a un supuesto abono para la campaña electoral de Luisa González. 

La investigación busca determinar si existieron aportes económicos relacionados con recursos de presunto origen ilícito y si esos fondos se utilizaron para cubrir gastos de campaña.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, también se examinan posibles pagos a través de Ternape Petroleum S. A., empresa vinculada al entorno empresarial de Aquiles A. 

Los investigadores buscan establecer el origen de los recursos, las operaciones realizadas y los posibles destinatarios. 

Hasta que se determinen los hechos, las referencias que constan en los chats deben entenderse como elementos bajo análisis, no como prueba definitiva de responsabilidad penal.

En otra conversación, uno de los participantes menciona un monto de USD 300 000 como máximo para brigadistas y otros gastos, incluidas camisetas. 

Este mensaje también forma parte de las pruebas que la Fiscalía examina para establecer si los valores guardan relación con los gastos electorales investigados y con las operaciones financieras registradas en la causa.

Cheques devueltos y coordinaciones para cobrar dinero

Los indicios incluyen, además, conversaciones de agosto de 2023 sobre cheques que no pudieron cobrarse. 

En los mensajes se plantea la posibilidad de que los cobros sean realizados por personas identificadas como integrantes del "Muni" o por terceros. 

La Fiscalía analiza estas comunicaciones para determinar quiénes participaron en las gestiones y cómo se relacionan con los movimientos económicos investigados.

En los intercambios entre Wendy O. y J.R.C.A. se mencionan cheques devueltos, montos entregados y coordinaciones para efectuar cobros en una agencia bancaria. 

También aparecen referencias a la entrega de nuevos cheques y a dificultades para hacerlos efectivos. 

Los investigadores buscan reconstruir la secuencia de estas operaciones y establecer si tienen conexión con el presunto lavado de activos.

El análisis de los mensajes y documentos busca identificar posibles coincidencias entre los valores mencionados, las empresas relacionadas con la investigación y los movimientos de dinero. 

Para ello, la Fiscalía debe contrastar las conversaciones con documentos financieros y otros elementos del expediente, a fin de establecer el contexto y la posible finalidad de las transacciones.

Fiscalía pidió prisión preventiva para tres procesados

Dentro del proceso, el Ministerio Público informó que solicitó prisión preventiva para tres personas procesadas, con el argumento de garantizar su comparecencia durante las distintas etapas judiciales. 

personas procesadas, con el argumento de garantizar su comparecencia durante Entre los aspectos expuestos constan el riesgo procesal, la pena prevista para el delito investigado y las limitaciones del dispositivo de vigilancia.

El delito de lavado de activos contempla, según la información presentada en esta causa, penas de entre 10 y 13 años de prisión, dependiendo de las circunstancias aplicables.