Asamblea recibe proyecto de Ley para que las empresas insolventes se reactiven

La asambleísta Annabella Azín (ADN) presentó el Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial. La propuesta se entregó este viernes 8 de mayo del 2026 en la Asamblea Nacional. 

La propuesta busca modernizar el régimen concursal en Ecuador y crear mecanismos para reorganizar empresas en crisis financiera.

La iniciativa plantea un nuevo marco jurídico para facilitar acuerdos entre compañías con problemas de insolvencia y sus acreedores, con el objetivo de mantener operaciones, preservar empleos y evitar cierres empresariales. 

¿Qué propone la nueva ley?

El proyecto incorpora herramientas concursales y preconcursales orientadas a enfrentar crisis económicas empresariales. Entre ellas se incluyen:

• Paralización temporal de ejecuciones
• Acuerdos de reorganización o concordatos
• Financiamiento postconcursal
• Procesos abreviados de reestructuración
• Acuerdos preconcursales

Según la propuesta, estas medidas permitirían encontrar soluciones más ágiles para empresas consideradas viables. Protección del empleo y créditos laborales

La normativa establece que uno de los objetivos principales será conservar empresas como fuentes generadoras de empleo y proteger las cadenas productivas.

Además, determina que los créditos laborales tendrán prelación absoluta dentro de los procesos concursales, en concordancia con la Constitución y la legislación vigente. 

“Ecuador necesita mecanismos modernos”

Annabella Azín aseguró que la propuesta se basa en modelos internacionales aplicados en otros países.

“Ecuador necesita avanzar hacia mecanismos que permitan sostener el empleo y fortalecer la economía”, señaló la legisladora.

También sostuvo que la iniciativa busca reducir los costos asociados a la insolvencia empresarial, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar el acceso al crédito. 

Basada en estándares internacionales

El proyecto toma como referencia lineamientos y modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en materia de insolvencia y reorganización empresarial.

Con ello, se pretende adaptar el sistema ecuatoriano a estándares internacionales y mejorar la competitividad del país frente a escenarios económicos complejos.