Asambleísta de ADN propone reforma al artículo 396 del COIP sobre críticas a funcionarios

Una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue presentada en la Asamblea Nacional por la asambleísta Camila León, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La iniciativa plantea cambios al artículo 396 del COIP norma que sanciona expresiones consideradas de descrédito u ofensa.

Según el registro de ingreso, el proyecto fue presentado el pasado 15 de enero de 2026, mediante un documento de nueve páginas, que incluye un solo artículo reformatorio, una disposición general y una final. 

El texto que consta en la propuesta busca precisar el alcance del juzgamiento penal cuando existan críticas dirigidas a servidoras y servidores públicos.

El artículo 396 del COIP regula contravenciones de cuarta clase y contempla penas de 15 a 30 días de privación de libertad. La norma sanciona, entre otros casos, a quien "por cualquier medio, inclusive a través de tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra".

La legisladora propone incorporar una verificación obligatoria por parte del juzgador. El texto plantea que se evalúe si las expresiones corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público o críticas a funcionarios en el marco de sus funciones oficiales.

La propuesta también dispone que el análisis judicial se realice bajo estándares constitucionales e interamericanos, los cuales reconocen una protección reforzada a la libertad de expresión cuando el discurso involucra gestión pública o autoridades estatales.

La disposición general del proyecto establece que los operadores de justicia deberán aplicar un test de proporcionalidad, sustentado en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Este análisis se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según la asambleísta de ADN, la reforma apunta a garantizar la libertad de expresión y evitar sanciones penales desproporcionadas. "Con la presente reforma se garantiza que los medios de comunicación no sean penalizados cuando se encuentren ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión".

León argumenta que en Ecuador se registraron impactos negativos en el ejercicio del periodismo y la opinión ciudadana. La legisladora recuerda que durante el gobierno de Rafael Correa se judicializó a periodistas y ciudadanos, lo que generó autocensura.

El proyecto de ley de Camila León deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). De ser calificado, pasará a una de las quince comisiones permanentes especializadas de la Asamblea Nacional, donde continuará su trámite.