Autoridades locales reaccionan a la aprobación de la Ley que reforma el Cootad
"Esto no ha terminado: nos veremos en la Corte Constitucional, porque demandaremos la inconstitucionalidad de esta ley", dijo Paola Pabón.

Asamblea aprobó Ley que reforma el Cootad y autoridades locales reaccionan
Fernando Sandoval
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Actualizada:
20 feb 2026 - 16:44
Autoridades locales reaccionaron tras la aprobación en la Asamblea Nacional el proyecto de ley impulsado por el presidente, Daniel Noboa, que reforma el esquema de gasto de municipios y prefecturas provinciales, lo que limita el presupuesto destinado a salarios de funcionarios, y que generó protestas y críticas de la oposición.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón dijo en su cuenta de X, que se ha aprobado "una ley que atenta contra la lucha de varios líderes nacionales que, desde sus territorios, pelearon por la autonomía y la descentralización".
Y dijo que "esto no ha terminado: nos veremos en la Corte Constitucional, porque demandaremos la inconstitucionalidad de esta ley".
Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora tildó de "Judas" y "centralistas" a los asambleístas de la provincia del Azuay que votaron a favor de la aprobación de la Ley.
En la misma línea el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, expuso las fotografías de los asambleístas de la provincia acompañado del texto: "aquí están los rostros de aquellos asambleístas que votaron a favor del centralismo y en contra de la autonomía de los GADs".
Además, pidió estar atentos a la votación sobre la Ley Minera y Eléctrica, también en materia económica urgente, que presentó el gobierno de Daniel Noboa y tendrá su primer debate en el Pleno del Legislativo.
Ley aprobada en el Pleno
El Gobierno consiguió los 77 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y que llegó al Legislativo en calidad de proyecto económico urgente, una figura constitucional que obliga a los asambleístas a tramitarla en treinta días.
Las reformas ahora aprobadas determinan que los gobiernos locales deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión y no más del 30% a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
Una medida que para la asambleísta oficialista Valentina Centeno "responde a una lógica de eficiencia" y de "justicia social con la ciudadanía" para que "primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable y alcantarillado y luego el gasto corriente".
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