La Corte Constitucional tramita demandas contra leyes económicas urgentes de Noboa

La Corte Constitucional informó que se admitieron a trámite nuevas acciones contra leyes económicas urgentes del Gobierno de Daniel Noboa. La entidad explicó que se trata de la Ley de Transparencia Social y la Ley de Fortalecimiento Crediticio, esta última relacionada con el BIESS. Ambas presentadas el año pasado.

“La Corte Constitucional, en su calidad de máximo organismo de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, informa que a través de sus salas de admisión ha admitido a trámite varias acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos y organizaciones sociales”, informó la Corte este 11 de febrero de 2026.

La Corte Constitucional detalló  que “la admisión a trámite de estas causas no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino que confirma que las demandas cumplen con los requisitos formales y constitucionales necesarios para ser analizadas por este organismo”.

La Corte negó el pedido de medidas cautelares en el caso de la acción contra las disposiciones impugnadas de la Ley de Fortalecimiento Crediticio.

La entidad argumentó que, “si bien expone por qué la solicitud de suspensión cumpliría los presupuestos de verosimilitud, inminencia, gravedad y los derechos amenazados o en curso de vulneración, no se identifica una argumentación que permita evidenciar los referidos elementos respecto a las normas cuya suspensión se solicita y, por el contrario, se limita a reiterar las razones que motivan la demanda”.

La Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones fue tramitada por la Asamblea Nacional como económica urgente. Se aprobó con los votos de la mayoría coordinada por ADN. Con ella se establecieron mecanismos de control para las organizaciones no gubernamentales.

También admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento Crediticio, referente al BIESS. La demanda fue presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Entre los argumentos constan cuestionamientos a las disposiciones relacionadas con el BIESS. La ley establece que esa entidad podrá realizar operaciones de reporto y gestionar y/o aceptar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras. Para instrumentar estas operaciones, el banco podrá utilizar y/o pignorar parte del portafolio de inversiones que administra.

En la demanda se lee que “al realizar estas operaciones de reporto se faculta dejar como garantía parte del portafolio de inversiones que administra el BIESS por lo que se afectaría la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social, consagrado en el artículo 372 de la Constitución”.