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Ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, no irá a juicio político por el caso Progen

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de juicio político presentado por los asambleístas de Revolución Ciudadana. 

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, estuvo al frente de la gestión de la crisis eléctrica de Ecuador en 2024.

Archivo API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 oct 2025 - 16:37

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, no irá a juicio político por el caso Progen. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional inadmitió la solicitud presentada por el correísmo.

El CAL, encabezado por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, desestimó el pedido de los asambleístas Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna. El argumento fue que la solicitud no cumple con los requisitos determinados en el artículo 131 de la Constitución.

El CAL determinó que los legisladores no lograron completar el número de firmas requeridos para iniciar un juicio político. El organismo indicó que las rúbricas de los asambleístas Ana Belén Yela Duarte y Juan Kleiner Guzmán Cruz, estaban duplicadas.

“En consecuencia, al no alcanzar el mínimo de una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el pedido resulta improcedente", indicó el documento del CAL.

El pedido de llevar a juicio político a Manzano llegó al CAL en septiembre de 2025 debido a un supuesto incumplimiento de funciones en el caso Progen.

Pese a la negativa, el asambleísta Luna adelanta que "volveremos a presentar el pedido de juicio político porque no puede quedar en la impunidad el desfalco de los contratos mal elaborados. que perjudican al Estado".

Los legisladores argumentan que la ministra Manzano, quién estuvo al frente de la crisis energética que vivió Ecuador en 2024, incumplió sus funciones al firmar un contrato con Progen que no se cumplió y generó un perjuicio al Estado.

Durante la crisis, el Gobierno firmó un contrato con Progen para instalar dos centrales eléctricas de 150 megavatios en El Salitral y Quevedo, algo que finalmente no ocurrió. Es por eso que la Contraloría General del Estado realizó en examen especial, en el que determinó indicios de responsabilidad penal por supuestas pérdidas millonarias para el Estado.