La Corte Constitucional recuerda límites legales frente al llamado a consulta popular de Noboa

La Corte Constitucional del Ecuador se pronunció la tarde de este viernes 19 de septiembre del 2025, sobre la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Daniel Noboa y que ya generó varias demandas de inconstitucionalidad.

El pronunciamiento de la Corte se da después de que el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 148 con el que convoca a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si están o no de acuerdo en llamar a una Asamblea Constituyente.

Noboa, amparado en el artículo 444 de la Constitución, envió la pregunta directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), sin contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, juristas indican que la acción es inconstitucional.

En un comunicado oficial, el máximo tribunal recordó que el país es un Estado constitucional y democrático en el que todas las autoridades deben actuar dentro de los límites que la ley y la Constitución establecen. “La fortaleza de nuestra democracia se basa en el respeto a estas normas que protegen las libertades y los derechos de todos”, indicó.

• Noboa convocó a una consulta popular

El organismo enfatizó que su papel es garantizar el respeto a la norma suprema y que sus decisiones y precedentes son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones. “Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, advirtió.

“El respeto a la ley es una responsabilidad compartida, pues la Constitución establece que toda autoridad pública responde por el cumplimiento de sus obligaciones”, se lee en el documento.

La Corte también aseguró que respeta las iniciativas ciudadanas y políticas de reforma constitucional, pero subrayó que su deber es verificar que cada propuesta siga los procedimientos jurídicos vigentes.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia y exhortó a las autoridades, así como a los actores políticos y sociales, a encaminar sus decisiones y acciones dentro de la institucionalidad. “Nuestro compromiso es proteger los derechos de todos los ciudadanos y garantizar la vigencia del orden constitucional y la democracia”, concluye el pronunciamiento.