Proyecto de Ley Antimafias pasó el Primer Debate en la Asamblea Nacional 

El proyecto de Ley Antimafias avanzó este jueves 27 de agosto de 2026 en la Asamblea Nacional. El Pleno tramitó en Primer Debate la propuesta que plantea reformas a varios cuerpos legales para ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado en Ecuador.

La iniciativa, presentada por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, ahora regresará a la Comisión de Seguridad Integral, que deberá analizar las observaciones formuladas durante el debate y preparar el informe para segundo debate.

El proyecto busca que la persecución penal no se concentre únicamente en quienes ejecutan delitos, sino que alcance a las personas que organizan, financian, dirigen o proporcionan recursos e infraestructura a estructuras criminales.

Además, uno de sus principales componentes apunta al dinero y los bienes vinculados con estas organizaciones.

Apuntan a afectar la estructura del crimen organizado

Durante la presentación del informe, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, sostuvo que las organizaciones criminales requieren mucho más que cargamentos de droga para mantener sus operaciones.

Estas estructuras buscan controlar rutas, recursos económicos e información, además de conseguir protección e infiltrarse en las instituciones encargadas de combatirlas, señaló.

Precisamente, el proyecto plantea ampliar la respuesta estatal hacia esas estructuras de apoyo. La propuesta contempla alcanzar a quienes ejerzan mando o control dentro de las organizaciones, coordinen sus actividades, recluten personas o faciliten infraestructura y recursos con conocimiento de su utilización para actividades criminales.

El objetivo es atacar simultáneamente la capacidad operativa, económica y territorial de estas organizaciones.

Bienes y dinero del crimen, otro eje de la reforma

La persecución patrimonial ocupa un espacio central dentro de la propuesta.

Mancheno señaló durante el debate que existirían aproximadamente 583 bienes inmuebles y 2 600 vehículos relacionados con organizaciones criminales y actividades de narcotráfico. Mantener estos activos bajo custodia también representa gastos para el Estado mientras avanzan los procesos judiciales.

Frente a ese problema, el proyecto propone modificar los mecanismos para administrar los bienes incautados y contempla su venta anticipada en determinados casos establecidos por la normativa.

Este punto será uno de los aspectos que continúa en análisis durante el trámite legislativo, debido a las implicaciones jurídicas que supone disponer de bienes antes de que exista una resolución definitiva sobre su propiedad.

La iniciativa toma como referencia mecanismos utilizados en países como Italia, particularmente en materia de persecución patrimonial contra organizaciones mafiosas, además de legislación de Estados Unidos y Argentina.

Las cifras presentadas durante el debate

La presidenta de la Asamblea también presentó cifras para dimensionar los recursos que se encuentran alrededor de las economías criminales.

Según Mancheno, entre 2025 y lo transcurrido de 2026 se han registrado incautaciones de:

•  316 000 toneladas de droga
• 796 000 de material aurífero
• 477 000 municiones

También mencionó 2 533 millones de galones de combustible y USD 3 418 millones vinculados a redes criminales.

Estas cifras fueron expuestas por la legisladora durante el primer debate del proyecto y deberán contrastarse con los registros oficiales de las instituciones responsables de incautaciones, decomisos y administración de bienes.