Puntos clave de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD aprobada en la Asamblea
La normativa se aprobó con 78 votos a favor. La ley será enviada al presidente Noboa antes de su publicación en el Registro Oficial.

La sesión se desarrolló en Guayaquil, en el auditorio de la Universidad Ecotec
Flickr Asamblea Nacional
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Actualizada:
20 feb 2026 - 17:45
Con 77 votos a favor, la Asamblea aprobó este viernes 20 de febrero del 2026 el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), también conocida como Ley GAD.
La normativa generó controversia entre el Gobierno y la oposición. Esta nueva ley establece que municipios y prefecturas deberán destinar el 70% de su presupuesto a obra pública como al mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que respalden la prestación de servicios públicos.
El objetivo, según el oficialismo, es priorizar servicios básicos como agua potable, alcantarillado y saneamiento. Según el documento, el presupuesto se dividirá 70% para obras y servicios y 30% para gasto corriente.
Puntos clave de la normativa
El principal cambio que plantea la ley es la creación de una “regla mínima de gasto”. Según el informe, los GAD deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y obras públicas, como agua potable, alcantarillado, vialidad y saneamiento.
Actualmente, el documento señala que gran parte de los recursos se usa en gastos administrativos y salarios, lo que ha reducido la inversión en servicios básicos. En 2024, por ejemplo, la inversión promedio fue menor al 39% del presupuesto total.
La reforma establece controles permanentes, por lo que los gobiernos locales deberán publicar informes trimestrales de su gasto, mientras el Ministerio de Finanzas hará evaluaciones periódicas.
La medida se aplicará de forma gradual: en 2026 será del 65%, en 2027 será del 68% y desde 2028 del 70%.
Mientras el Gobierno defiende la reforma como una medida para mejorar la inversión pública, sectores de la oposición advierten una posible afectación a la autonomía de los gobiernos locales y a la prestación de servicios sociales a la ciudadanía.
Desde las Prefecturas y Municipios ya se anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad a esta normativa.
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