Regulación, sanciones y uso de datos: los puntos clave del proyecto de ley IA en Ecuador
La propuesta legislativa fija de 3 a 5 años de prisión por suplantación de identidad con IA, prohíbe la vigilancia biométrica masiva y exige transparencia en el uso de 'deepfakes' y derechos de autor.
La Asamblea Nacional anazliará el nuevo proyecto del ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial en Ecuador.
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Actualizado:
05 oct 2026 - 14:16
La Asamblea Nacional analiza el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en el Ecuador, impulsado por la asambleísta Cecilia Baltazar.
La propuesta legislativa busca establecer un marco regulatorio que equilibre el fomento de la innovación tecnológica con la protección de los derechos ciudadanos y la ciberseguridad.
El proyecto adopta estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE para clasificar las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo.
Además de incorporar reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sancionar ciberdelitos cometidos con contenidos sintéticos.
Regulación por niveles de riesgo
La ley establece una clasificación clara para regular los sistemas de IA.
Prácticas prohibidas (Riesgo inaceptable)
La propuesta prohíbe el uso de IA para manipulación del comportamiento humano mediante técnicas engañosas, la explotación de vulnerabilidades en niños o personas con discapacidad.
También, la calificación social estatal y la vigilancia biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos.
De acuerdo con el proyecto la unica excepción judicial será para investigaciones penales.
Sistemas de alto riesgo
La aplicación es para tecnologías utilizadas en áreas sensibles como salud, educación, procesos de contratación laboral, administración de justicia, seguridad pública, evaluación crediticia y acceso a servicios públicos esenciales.
Los responsables deberán implementar la gestión de riesgos, garantizar la supervisión humana.
Asimismo, según la propuesta, prevenir sesgos algorítmicos y mantener la documentación técnica.
Riesgo mínimo
Dentro de este grupo estarían herramientas de productividad, asistencia general o automatización de procesos internos, las cuales no tendrán restricciones adicionales.
Cárcel para suplantación de identidad y 'deepfakes'
Uno de los ejes principales de la norma radica en la tipificación de nuevos ciberdelitos en el COIP frente al mal uso de algoritmos para simular voz, rostro o identidad.
Suplantación de identidad con IA
Se buscará sancionar con 3 a 5 años de prisión a quien altere o manipule voz, imagen o atributos identificativos mediante IA.
La misma pena se aplicará a quien difunda estos contenidos sin autorización que afecte la honra o la intimidad, aun sin fines de lucro.
'Deepfakes' de carácter sexual
También plantea penalizar la edición o difusión no consentida de material íntimo simulado mediante sistemas informáticos, sin importar si se advierte su origen artificial.
Estafa agravada
Se fijaría como agravante del delito de estafa la simulación de la voz o imagen de allegados o conocidos de la víctima para defraudar su patrimonio.
Etiquetado transparente y derechos de autor
El proyecto obliga a que los desarrolladores de IA generativa adopten medidas técnicas razonables.
Se refiere a marcas de agua, etiquetas o metadatos para anunciar al público cuando un contenido audiovisual o de texto haya sido creado o manipulado sintéticamente.
En cuanto a la propiedad intelectual, el texto exige el respeto a los derechos de autor en el entrenamiento de los modelos.
Los proveedores de IA de propósito general deberán hacer público un resumen informativo sobre las fuentes de datos utilizadas en su fase de aprendizaje.
Asimismo, la norma aclara que el uso de IA como herramienta no despoja a los creadores de la titularidad sobre sus aportes humanos.
Sin más burocracia ni gasto público
La propuesta especifica que su ejecución no requiere presupuestos obligatorios adicionales ni la creación de nuevos organismos estatales.
La rectoría quedará en manos del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), que podrá convocar a un Comité de IA consultivo integrado por la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Por su parte, las instituciones públicas que utilizan IA de alto riesgo para decisiones que afectan a ciudadanos estarán obligadas a mantener un inventario transparente.
El mismo será de sus sistemas y habilitar canales para la revisión y explicación humana de los fallos.
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