Relatora de la ONU reacciona ante el decreto enviado por Noboa sobre la consulta popular

La Relatora Especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este sábado 20 de septiembre del 2025, su preocupación por la situación institucional en Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara un decreto para convocar a una consulta popular con miras a instalar una asamblea constituyente.

De acuerdo con Satterthwaite, el mandatario avanzó con la convocatoria sin la revisión previa de la Corte Constitucional (CC), requisito indispensable según la Carta Magna. Noboa argumentó que la “obstrucción institucional no debe bloquear la voluntad del pueblo”, justificando la decisión.

La tensión aumentó cuando la Corte Constitucional se vio obligada a evacuar sus instalaciones durante una sesión de emergencia debido a una amenaza de bomba, en momentos en que analizaba las demandas presentadas contra el decreto presidencial.

“Todas las instituciones y actores gubernamentales tienen el deber de respetar y garantizar la independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio para los jueces, es una condición fundamental del Estado de derecho y una salvaguarda para los derechos de todas las personas”, enfatizó la relatora en un comunicado difundido en su cuenta oficial.

Satterthwaite advirtió que cualquier interferencia en el trabajo de la Corte Constitucional “socava el Estado de derecho, debilita el sistema de pesos y contrapesos, y erosiona las garantías contra el abuso de poder”.

Tensiones en aumento

El pronunciamiento se da en un clima de creciente confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. La relatora recordó que recientemente el alto tribunal suspendió leyes impulsadas por el presidente, lo que derivó en una marcha convocada por el Gobierno contra los jueces y en campañas oficiales que los calificaron como “enemigos del pueblo”.

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“Estemos o no de acuerdo con una decisión en particular, la independencia judicial garantiza que la justicia se decida sobre la base de la ley, y debe ser defendida siempre frente a la intimidación y la injerencia indebida”, concluyó. 

El futuro de la consulta popular y del eventual proceso constituyente queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto. Mientras tanto, la advertencia de la ONU pone en relieve la fragilidad institucional que atraviesa el país y la importancia de garantizar que las tensiones políticas no comprometan el equilibrio democrático.