Ley contra el reclutamiento de menores: qué dice sobre salud, ciberseguridad y municipios

La Ley Orgánica para la Prevención, Detección y Sanción del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Delictivos Organizados busca combatir la captación de menores por parte de bandas. 

Para lograrlo, la normativa no solo eleva las penas de cárcel para los reclutadores, sino que impone mandatos específicos a tres actores clave. 

• Asamblea aprobó Ley para evitar el reclutamiento de menores 

Eston son el sistema de salud pública, el sector de las telecomunicaciones y los gobiernos locales.

Sin embargo, al analizar el texto aprobatorio se evidencia que la ejecución real de estas obligaciones enfrenta vacíos de reglamentación y falta de asignación presupuestaria. 

A continuación, explicamos detalladamente qué dispone la ley en cada uno de estos tres ámbitos y por qué su aplicación corre el riesgo de frenarse.

Salud mental y adicciones 

Qué dispone la ley

Incorpora de forma explícita en el Código de la Niñez y Adolescencia la obligación de que el sistema de salud púiblica preste atención especializada en salud mental y tratamiento integral de adicciones a niños, niñas y adolescentes. 

Sobretodo a los más vulnerables o afectados por redes delictivas  o el crimen organizado. 

Ministerio de Salud es clave

La eficacia de este mandato queda atada a la acreditación e implementación condicionada por la burocracia de la cartera de Salud.   

La 'letra chica' del artículo establece que la operatividad técnica de la atención queda supeditada al cumplimiento de normativas, lineamientos y protocolos que el Ministerio de Salud Pública deberá emitir con posterioridad.

Sin la emisión oportuna de estos reglamentos, los centros de salud no contarán con el marco para prestar el servicio, lo que puede dilatar indefinidamente la atención efectiva de las víctimas.

Ciberseguridad y plataformas digitales

Qué dispone la ley

Otorga la facultad legal para solicitar, con autorización judicial previa, el bloqueo temporal, interrupción o suspensión de direcciones IP, dominios URL e identificadores digitales que sean utilizados por el crimen organizado. 

Esto con el objetivo de evitar la captación, reclutamiento o contacto con menores de edad.

¿Qué implica?

Llevar a cabo este control exige adecuar capacidades técnicas, infraestructura y personal en las entidades estatales de telecomunicaciones y regulación.   

Al no haberse creado una asignación de fondos específicos para esta tecnología, el costo de implementar este monitoreo e interrupción recae directamente sobre los recursos operativos ordinarios del Estado.

 También, de forma indirecta, sobre los operadores privados de servicios de internet, que deberán asumir las adecuaciones en sus redes.

Competencias municipales y Gobiernos Locales

Qué dispone la ley

Reforma la ley de gobiernos locales para ordenar a los municipios (GAD) la ejecución de acciones concretas de prevención social. 

Entre sus obligaciones se incluyen construir e implementar infraestructura deportiva, crear mesas técnicas de seguridad y recuperar el espacio público. 

También deben implementar programas recreativos enfocados en la prevención y reintegración social.

Presupuesto depende de Gobiernos locales

La ley asume que estas nuevas obligaciones forman parte de la gestión social ordinaria de los municipios.  

Es decir, que no prevé transferencias financieras adicionales e inmediatas desde el Presupuesto General del Estado.

Para cumplir con estos mandatos obligatorios sin incurrir en infracciones, los municipios se verán forzados a recortar y reasignar sus propios presupuestos locales o a buscar acuerdos de cofinanciamiento con el Ejecutivo.