Asamblea aprueba informe que recomienda juicio político contra Lasso

Con 104 votos a favor y 18 en contra, la Asamblea Nacional aprobó, este sábado 4 de marzo de 2023, el informe de la comisión ocasional, que investiga supuestos actos de corrupción que involucran a un círculo cercano al presidente Guillermo Lasso, y que recomendó el enjuiciamiento político al mandatario.

La aprobación del informe del caso denominado «Encuentro» o «El Gran Padrino», abre paso para que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de, al menos, 46 legisladores, un tercio del Legislativo. Unión por la Esperanza (Unes) adelantó que serán ellos quienes presenten el pedido.

Una vez presentada la solicitud, en máximo tres días, el Presidente de la Asamblea debe poner la solicitud en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para verificar requisitos. El CAL deberá remitir la solicitud a la Corte Constitucional para que emita el dictamen previo de admisibilidad en un período máximo de seis días.

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La Corte Constitucional revisará las condiciones y si emite un dictamen en contra del juicio político, el caso quedará archivado. Sin embargo, si emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea tiene tres días para ponerlo nuevamente en conocimiento del CAL y enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización.

Esa mesa legislativa presentará su informe, en el que recomienda o no el enjuiciamiento político. Habrá 10 días para que el Presidente ejerza su derecho a la defensa, 10 días para la actuación de pruebas y 10 días para la elaboración del informe. Con el documento, el Presidente de la Asamblea tiene hasta cinco días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento político al Jefe de Estado.

Presunta trama de corrupción

El pasado miércoles 1 de marzo de 2023, con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional interpele a Lasso por supuestos actos de corrupción investigados.

Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.

La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito». Ese artículo también establece que, «para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo».

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