La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló al exalcalde de Quito Jorge Yunda como autor mediato del delito de peculado. La acusación se realizó este martes 6 de febrero de 2024, tras la instalación de la audiencia de juicio por el caso pruebas PCR, en la que se incluye a 13 procesados más.
«Él (Yunda) suscribió la resolución para delegar a la Secretaría de Salud del Municipio la conducción de todas las etapas de contratación«, escribió Fiscalía en X.
De acuerdo a la autoridad, el 31 de marzo de 2020 Jorge Yunda, suscribió la Resolución A027, en la que delegó a la Secretaría de Salud de Quito, representada por Lenin Mantilla, la conducción de todas las etapas de contratación para afrontar la pandemia de Covid-19. En el artículo 5 de esta resolución se impone la obligación al Secretario de informar al Alcalde todo el proceso.
Asimismo, la Fiscalía señaló a Lenin Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito, y a Alejandro Vinelli, representante de Salumed S.A., como autores directos de peculado. Ambos procesados firmaron la contratación de compra de pruebas PCR.
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Según las investigaciones, el 16 de abril de 2020 la Secretaría de Salud de Quito contrató, con la empresa Salumed S.A, la compra de 100 000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 por Polimerasa, a un costo de 4.2 millones de dólares.
Pero, en lugar de aquellas pruebas, la Secretaría habría recibido pruebas de diagnóstico RT-LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor; esto, habría causado al Estado un perjuicio de 2’235.491,16 dólares.
Coautores de presunto peculado
Como coautores del delito la Fiscalía señaló a Ximena Abarca, exsecretaria de Salud de Quito; Linda Guamán, excoordinadora técnica de la secretaría de Salud, y Marco Rubi, excoordinador jurídico.
«Los procesados sabían que las pruebas entregadas por Salumed S.A. a la Secretaría de Salud no eran las requeridas en el contrato. Sin embargo, decidieron validarlas por orden del exalcalde de Quito, Jorge Yunda», sostuvo la autoridad fiscal.
Enrique Bucheli, exdirector Metropolitano de Gestión de la Secretaría de Salud, y a los responsables del estudio de mercado, José Morales e Iván Manzano,.
«Los funcionarios participaron en la elaboración de estudios de marcado, de especificaciones técnicas, e informe de necesidad, con el cual recomiendan la participación de la empresa Salumed S.A.», precisa la Fiscalía.
Por participar en la elaboración del informe de viabilidad de las ofertas a Diego Salazar y Simón Valencia, integrantes de la comisión técnica de la Secretaría de Salud.
Paola Cárdenas, delegada en el proceso de contratación pública de la Secretaría. «Dirigió el proceso en la fase de recepción de ofertas. Intervino en la coordinación de la elaboración de los informes que permitieron la suscripción del contrato de emergencia entre la Secretaría y Salumed», sostiene la Fiscalía.
Daysi Hidalgo, administradora del contrato firmado por la Secretaría de Salud y el Municipio de Quito. «Ella no advirtió sobre el incumplimiento contractual», dijo la autoridad fiscal.
A esta lista se suma, Erik Andrade, excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud, «por inobservar las obligaciones de vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato».