El Concejo Metropolitano aprobó una resolución para apoyar y respaldar la gestión de Pabel Muñoz en medio del proceso por presunta infracción electoral en contra del alcalde de Quito durante la campaña en las elecciones anticipadas.
La convocatoria para la audiencia del Alcalde de Quito prevista para este miércoles 27 de diciembre del 2023 se mantienen en suspenso. El juez sustanciador Ángel Torres fue recusado por Muñoz al supuestamente tener una relación íntima con una de las denunciantes, Mónica Jaramillo, quien asegura que no es verdad.
Jaramillo junto a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), denunciaron a Pabel Muñoz por una supuesta infracción electoral. En la denuncia hacen referencia a los spots publicados en redes sociales, donde el burgomaestre aparece con la excandidata a la Presidencia, Luisa González, en las elecciones anticipadas de octubre de este año.
«Nosotros contamos con los elementos de prueba y eso es lo que hemos interpuesto más allá que sean cinco meses de su gestión. La infracción electoral que hemos puesto prescribe en dos años«, añade Jaramillo.
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En el artículo 278 del Código de la Democracia dice que: «los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral» cometen una grave infracción electoral.
El incumplimiento de ello podría desencadenara en las siguientes sanciones: multas que van desde los 11 hasta los 20 salarios básicos unificados, la destitución y la suspensión de los derechos de participación desde los seis meses hasta los dos años.
Este martes 26 de diciembre, el Concejo Metropolitano aprobó, con 14 votos a favor, una resolución para apoyar y respaldar la gestión del Alcalde, «en apego a la propuesta de trabajo que eligió democráticamente en las urnas el pueblo de Quito», dice el documento.
También en la resolución, el organismo metropolitano rechaza «cualquier acción» que pretenda generar «caos y retraso» e «impedir el adecuado desarrollo de la capital y desestabilizar la administración de la Alcaldía y del Concejo Metropolitano».
Finalmente, exhortó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que «actúe de manera imparcial y transparente, conforme lo señala la Constitución de la República del Ecuador, y, por ende, respete la presunción de inocencia».