Presidente Noboa decreta nuevo estado de excepción focalizado en 7 provincias y un cantón

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción focalizado este miércoles 22 de mayo del 2024 para combatir el crimen organizado y la inseguridad que enfrenta el Ecuador. La medida regiría en siete provincias y un cantón de Azuay.

En horas de la tarde emitió el Decreto Ejecutivo 275 en el que se declara el estado de excepción focalizado en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay.

El estado de excepción restringe los derechos de inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia. Es decir, que los militares podrán ingresar sin autorización previa a las viviendas en las provincias que menciona el documento.

Pasadas las 16:00 el presidente Noboa se pronunció en su cuenta de X. En un video de un minuto y medio precisó que es necesario «dejar actuar a los militares» contra los terroristas que se amparan en el derecho a la inviolabilidad de domicilio.

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Noboa, también dijo que esta sería la segunda fase de la lucha contra el crimen organizado y los grupos delictivos a escala nacional.

La decisión se tomó luego de una recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Diana Jácome, consejera de Gobierno, confirmó que la medida fue aprobada con votación unánime «en respaldo» al Primer Mandatario.

Además, Jácome adelantó que el Decreto Ejecutivo se emitirá en dos horas. «Va a ser un estado de excepción focalizado. El decreto será entregado a la Corte Constitucional para que emita el dictamen que corresponda», señaló.

La consejera de Gobierno recalcó que se debe controlar al país y la seguridad nacional. «La seguridad de los ecuatorianos es primordial para este Gobierno», añadió Jácome.

El primer estado de excepción de Daniel Noboa llegó el 8 de enero del 2024, que se extendió por 90 días. Tres meses después dispuso la misma medida en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, pero fue declarado inconstitucional el 10 de mayo.

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