La Justicia de Ecuador solicitó a las autoridades de Interpol que «procedan a la publicación de la difusión y notificación roja a nivel internacional» para localizar a Daniel Salcedo y Xavier Jordán, en territorio internacional.
Este lunes 8 de enero Felipe Córdova Ochoa, juez nacional de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, dio paso al pedido de difusión roja contra los dos ciudadanos.; un trámite que negó a la autoridad judicial días atrás.
Salcedo y Jordán han sido vinculados al caso Metástasis que investiga una red de corrupción infiltrada en el sistema judicial. Contra los dos se emitió una orden de prisión preventiva, pero no se ha logrado dar con su paradero.
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Según expuso la fiscal general, Diana Salazar en la audiencia de vinculación, los ahora procesados, en calidad de autores, serían parte del presunto grupo delictivo, ejerciendo funciones de coordinación, planificación y gestión de delitos en beneficio de la organización criminal.
La Fiscalía adjuntó un parte policial a su petición de difusión roja en Interpol. Este detalla que «no ha sido posible su localización y captura debido a que se encontrarían fuera del país».
En el caso Jordán, “de acuerdo a movimientos migratorios y redes sociales se pudo conocer que dicho ciudadano reside en el país de Estados Unidos, ciudad de Miami«. Mientras que, Salcedo “actualmente se encontraría residiendo en el país de la República de Panamá, ciudad de Panamá”.
Ambos mantienen su calidad de prófugos, según el oficio remitido por el Juez al Jefe de la Oficina Central Nacional Interpol. Y con la » finalidad de ampliar el espectro de búsqueda» se ha solicitado la difusión y notificación roja a nivel internacional.
De acuerdo con la teoría de Fiscalía, Xavier Jordan habría participado como miembro de la cúpula criminal. Era quien ponía a disposición sus empresas para justificar el movimiento del dinero ilícito de la organización. Mientras que Daniel Salcedo habría planeado cómo liberar a Leandro Norero a través de sobornos a autoridades judiciales. También habría planificado delitos contra la administración pública en empresas como Petroecuador, Cnel, Celec, IESS y otras.