«Así es». Esa fue la corte respuesta del ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, para confirmar el envío de un cargamento de bombas lacrimógenas a la Policía peruana.
Zapata sostuvo que lo correcto es decir que se «devolvió» ese material antidisturbios al vecino del sur, porque eses país facilitó 12.000 bombas lacrimógenas para afrontar el paro indígena.
La prensa peruana informó este acuerdo este 29 de enero del 2023. El diario La República describió que la Policía ecuatoriana dio el cargamento en la frontera sur. Luego los policías peruanos lo llevaron hasta el aeropuerto de Tumbes y desde ahí hasta Lima.
El lote de armamento no letal estuvo compuesto por 4.400 granadas lacrimógenas de calibre de 37 milímetros; 1.600 granadas lacrimógenas, calibre 37 mm; 5.000 cartuchos de 12 mm y 1.000 granadas de mano.
Más de 50 días de protesta
La Policía de Perú entregó el material disuasivo (bombas lacrimógenas) durante el paro indígena contra las medidas económicas del ex presidente Lenín Moreno en el 2019. Lo hicieron en calidad de préstamo. Lo mismo ocurrió con Colombia y fue uno de las causales para la destitución de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo.
En el caso peruano, ellos no se reclamaron la devolución del material en tres años; pero su coyuntura actual, dice la prensa de Lima, los obligó a forzar la recuperación de las lacrimógenas.
La protesta por la salida y detención del ex presidente peruano, Pedro Castillo, ya cumple 50 días. En este escenario, las movilizaciones, especialmente indígenas, ocurren en los departamentos del sur del país y llegaron hasta Lima.
La intención de los manifestantes es forzar la renuncia de Dina Boluarte, quien fue vicepresidenta de Castillo y asumió el poder por encargo del Congreso. La actual Mandataria aseguró que no renunciará y su idea es adelantar las elecciones generales para que se cumplan durante este año.
También convocó a un diálogo a los líderes de las protestas, pero hasta el 30 de enero del 2023, su llamado no tiene respuestas.
Tres pistas de aterrizaje clandestinas fueron descubiertas en Santa Elena https://t.co/ATDh41538x pic.twitter.com/VVXopKviYL
— Teleamazonas (@teleamazonasec) January 27, 2023
Violaciones a los derechos humanos
47 personas han fallecido durante las protestas contra el Gobierno peruano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantó varios llamados de atención contra las acciones de la Fuerza Pública de ese país.
El último fue el 21 de enero del 2023, cuando policías y militares ingresaron a las instalaciones de la universidad de San Marcos en Lima. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenaron la violencia del operativo.
En su comunicado aseguraron que recordaron a las autoridades estatales que una de sus «obligaciones sobre el uso excepcional de la fuerza pública, basado en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad». Esto hace referencia al uso de bombas lacrimógenas y otro material antidisturbios.
También les recordó que la normativa internacional sobre Derechos Humanos «garantizar la inviolabilidad del espacio académico».
El 19 de enero del 2023 el organismo interamericano instó al Estado peruano «a garantizar el derecho de protesta pacífica en las manifestaciones sociales. Cualquier respuesta estatal por eventuales actos de violencia debe individualizar a los responsables y el uso de la fuerza ser excepcional, legal, necesario y proporcional».
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