La Contraloría determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares del Ministerio de Educación. Así lo informó el organismo el viernes 22 de septiembre de 2023.
En el informe señalan que hay inconsistencias entre las actas de entrega-recepción, que fueron emitidas entre el 7 y 15 de julio de 2020, por la distribución de material educativo, y el número de alumnos registrados en las instituciones de Carchi y Esmeraldas.
“En las actas constó la entrega de 39 692 kits a siete centros de aprendizaje de Esmeraldas y tres de Carchi. Sin embargo, en los registros del Ministerio de Educación, durante los años 2020 y 2021, a esas escuelas asistieron únicamente 545 alumnos”, sostiene Contraloría. Los kits de textos escolares estaban valorados en USD 200 448.
Textos escolares deteriorados
Los rectores de estos centros educativos, además, sostienen que no recibieron la cantidad de textos escolares detallada en las actas y que existían diferencias sustanciales entre lo que constaba en las actas y la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, se registró la entrega de 4 384 kits a una escuela con capacidad para 28 alumnos.
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También, uno de los rectores indicó que no recibió textos escolares nuevos, sino libros deteriorados. Otras autoridades denunciaron posibles adulteraciones de las actas, pues diferían los formatos, membretes y las hojas no estaban sumilladas ni numeradas.
Falencias en gestión documental
Según Contraloría, también se habrían detectado falencias en la gestión documental en el Ministerio de Educación. La entidad no contó con un archivo completo de actas de entrega-recepción en formatos preimpresos o generados en un sistema, con numeración cronológica para validar la distribución.
“La ausencia de políticas para la asignación de los materiales y de un sistema de control de inventarios ocasionó que se desconozca el destino de recursos educativos por USD 2 723 030”, sostiene el organismo.
Aseguran que el monto corresponde “a las diferencias, por USD 778 486 entre las cantidades entregadas a las instituciones educativas por las direcciones distritales, y a la ausencia de evidencia documental de la distribución de kits escolares valorados en USD 1 944 543 a los estudiantes”.
Contraloría sostiene que tampoco se aplicaron directrices para el almacenamiento, distribución, control y uso de los bienes, originando que los responsables de la bodega de Calderón, norte de Quito, del Ministerio de Educación no justifiquen con documentos el uso y destino de 939 650 materiales didácticos, por un valor de USD 897 610
La auditoría también realizó observaciones a los procesos de contratación del servicio de impresión del material escolar.
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