La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó a la Policía Nacional que ubique, localice, inmovilice y traslade, con fines de investigación, a Jorge Glas, exvicepresidente en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) quien ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022 por supuesta corrupción.
El Gobierno de México anunció en un comunicado que «Jorge David Glas Espinel se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda».
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, «ante el requerimiento formulado por la Fiscalía General del Estado, se permite solicitar la urgente colaboración de las autoridades mexicanas a fin de que se invite al citado ciudadano a abandonar dicha representación diplomática, inmediatamente».
El objetivo es que Glas «cumpla con su obligación de presentarse ante el fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional» y se someta a «varias diligencias investigativas dentro de los procesos judiciales en curso» y en los que «se encuentra inculpado y procesado«, agregó en el escrito.
La Cancillería, ante esas versiones, «realiza las acciones necesarias con ese Gobierno (de México) para que el requerimiento de la Fiscalía General del Estado, respecto del ciudadano ecuatoriano en referencia, pueda cumplirse», afirmó en un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter).
«Ecuador exhorta a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Glas a cooperar con las autoridades policiales, y se encuentra expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto«, agregó.
Pedido de detención de Fiscalía General del Estado
El último pedido de detención de Glas por parte de la fiscal general del Estado se dio pocos días después de que la justicia ordenara la prisión preventiva del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detenido, el jueves 17 de diciembre de 2023, como parte del caso ‘Metástasis‘, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por la supuesta infiltración y sobornos del narcotráfico.
La detención de Terán se produjo en medio de un pulso dentro de la judicatura por el proceso de selección de nuevos jueces para la Corte Nacional, así como por la posibilidad de que se inicie un juicio político en la Asamblea Nacional contra la fiscal general, Diana Salazar.