La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) pidió, este 20 de noviembre del 2023, a la justicia ecuatoriana que levante las medidas cautelares en contra del informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange.
A través de un comunicado, Inredh indicó que Bini sigue a la espera de que se levanten las restricciones que se le impusieron durante el proceso y que incluyen el congelamiento de sus cuentas bancarias y la prohibición para que salga del país.
El pedido se realiza porque, en enero pasado, el Tribunal de Garantía Penales de Pichincha desistió de enjuiciarlo por un cargo de espionaje que se diluyó, pero la Fiscalía General del Estado apeló. Y a pesar de ello, el informático sueco aún acude al edificio de la institución ubicado en Quito para certificar su presencia en el país.
Por ello, la defensa de Bini ha pedido que, independientemente del proceso de apelación, se cumpla de inmediato con la resolución del tribunal judicial que le declaró inocente y se levanten todas las medidas cautelares.
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Algunas medidas cautelares siguen en pie y por eso Bini se sigue presentando en las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, en «las últimas oportunidades no se le permitió ingresar, ni registrar su asistencia«, pues «según un funcionario de la Fiscalía queda sobre entendido que ya no necesita presentarse», detalla Inredh.
No obstante, la defensa de Bini aseguró que el juez de la causa no ha confirmado aún la versión de la Fiscalía.
«Hacemos un llamado a que las autoridades ecuatorianas correspondientes aclaren el estado procesal de Bini y su obligación o no de presentarse periódicamente ante la Fiscalía General del Estado», indicó la fundación en el documento.
Además, aseguró que mantener activas las medidas cautelares «constituye una nueva vulneración a sus derechos elementales y pone nuevamente en alerta a la sociedad civil sobre la legalidad y legitimidad de un proceso ampliamente cuestionado».
Detención del informático sueco
El informático sueco fue detenido en 2019 luego de una acusación formulada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, de haber presuntamente participado en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo.
Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas y finalmente Bini fue acusado de un delito por acceso ilegal a sistemas informáticos.
Bini, de 41 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón. Hecho que se llevó a cabo unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Assange en su embajada en Londres.
La Fiscalía sostiene que el sueco había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de explotar ilegítimamente el acceso logrado. Pero también intentar obtener información del contenido digital del sitio alterno de contingencia de los sistemas críticos de la Presidencia de la República, entre ellos la plataforma de Petroecuador y la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que fue suspendido en repetidas ocasiones. Y unos meses Bini salió de prisión por un habeas corpus, donde se declaró que su detención fue ilegitima y arbitraria.