La investigación en el caso Purga reveló las irregularidades que se cometieron en torno a un proceso judicial con el que se convirtió un préstamo en una millonaria indemnización para el exasambleísta Pablo Muentes.
El caso arrancó por el pago de un préstamo de 314 800 dólares otorgado por el Banco del Pacífico a Muentes, a su esposa Mónica A. y a la empresa familiar FINXI S.A. para comprar una camaronera en 1998. Muentes debía cancelar la deuda, pero en el proceso se justificó el pago del préstamo, utilizando documentos de pago falsos y adulterados y la intervención irregular de funcionarios judiciales.
En 2019, el exasambleísta socialcristiano presentó un habeas data para la cancelación de la deuda, dividida en 12 partes en efectivo y una en cheque, pero también para que se eliminen los intereses. Y un año después, el juez de primera instancia Reinaldo Cevallos, también procesado en el caso Purga, falló a su favor.
Sin embargo, según la entidad financiera, la sentencia de primera instancia reveló una serie de irregularidades. Una de ellas que Muentes habría falsificado 13 notas de pago del crédito, del cual solo llagó a cancelar 60 000 dólares.
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Reinaldo Cevallos falló a favor del exasambleísta y de su esposa Mónica Avelina A. y ordenó al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus libros contables para dar por cancelada la deuda que la pareja contrajo. También dispuso una indemnización para los afectados por daños causados por 3,9 millones de dólares.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía en el caso Purga, «como recompensa por su decisión judicial, y a pesar de haber sido destituido como juez, mantener sumarios administrativos abiertos y no cumplir con los requisitos, Reinaldo fue designado juez provincial de Guayas, cuatro días después de haber emitido su última resolución en 2023 en la acción de habeas data contra el Banco del Pacífico«.
El magistrado también se encuentra involucrado en polémicas decisiones a favor de cabecillas de bandas narcodelictivas. Entre ellas, el fallo donde se decidía el traslado de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, de la cárcel Regional a La Roca.
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