De Lunes a Lunes: Porte de armas en Ecuador: ¿más seguridad o más violencia?

El porte de armas vuelve al centro del debate en Ecuador. La decisión de Colombia de permitir nuevamente que ciudadanos con permisos puedan llevar sus armas fuera de casa abrió una discusión sobre si esta medida podría aplicarse también en Ecuador y qué efectos tendría en un país donde 9 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego, según los datos citados durante el debate.

La investigadora en seguridad y violencia Carla Álvarez Velasco sostuvo que "el ciudadano tiene derecho a vivir seguro, pero no necesariamente a portar un arma". 

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Según explicó,  en el plató de De Lunes a Lunes, el aumento de la violencia armada plantea la necesidad de fortalecer la seguridad a cargo del Estado y mejorar los controles sobre las armas que ya están autorizadas.

Por su parte, el asambleísta Esteban Torres, quien participó en la discusión sobre la legislación de armas, defendió un porte civil regulado. 

Torres señaló que una persona puede solicitar un permiso si cumple requisitos como exámenes, revisión de antecedentes y controles periódicos. 

También aclaró que el porte civil no permite actuar como policía ni intervenir en cualquier enfrentamiento.

Ecuador ya permite el porte bajo requisitos

Durante el debate se recordó que Ecuador abrió nuevamente la posibilidad del porte civil en 2023, después de varios años de restricciones. 

La medida establece requisitos para obtener los permisos y controles para quienes buscan portar un arma de manera legal.

Según los datos presentados en el programa, el número de permisos para personas naturales aumentó de 238 antes de 2022 a cerca de 15 000 en los años posteriores, con un incremento importante entre 2024 y 2025. 

La tenencia y el porte son distintos: la tenencia permite mantener el arma en determinados lugares, mientras el porte autoriza llevarla consigo bajo las condiciones establecidas.

Más armas legales, ¿menos violencia?

Otro punto de la discusión fue si la apertura del porte y la importación de armas tuvo algún efecto sobre los homicidios. Entre 2022 y 2025 se duplicaron los homicidios intencionales cometidos con armas de fuego, de acuerdo con los datos expuestos durante el debate. 

Sin embargo, los participantes señalaron que esta cifra por sí sola no permite establecer que exista una relación directa entre el porte legal y el aumento de la violencia.

La importación de armas también cambió después de la apertura de 2023. Según las cifras presentadas, entre 2023 y 2026 se importaron más de USD 10 millones en armas cortas, con un pico de aproximadamente USD 4,7 millones en 2024. 

En marzo de 2026 se suspendieron nuevas importaciones.

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El foco también está en las armas ilegales

La discusión se trasladó al mercado ilegal. En operativos realizados entre enero y agosto de 2026 se decomisaron cerca de 8 000 armas de fuego y 331 000 municiones, según los datos expuestos en el programa. 

La principal diferencia planteada durante el debate es determinar de dónde provienen esas armas y cómo llegan a manos de organizaciones criminales.

También se mencionó el caso de empresas de seguridad privada, algunas de cuyas armas fueron decomisadas en operativos realizados a inicios de 2026. 

Los participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la trazabilidad y los controles, aunque discreparon sobre el nivel de eficacia de los mecanismos actuales.

Colombia reabre el debate

El caso colombiano volvió a poner el tema sobre la mesa. El presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión que impedía a personas con permisos portar sus armas, aunque la medida no significa libre acceso a las armas. 

Según los datos presentados, cerca de 300 000 personas cuentan con permisos en Colombia y deben cumplir una serie de requisitos para acceder al porte.

En Ecuador, la discusión se mantiene entre quienes consideran que un porte civil controlado puede complementar la seguridad en situaciones específicas y quienes advierten que una mayor presencia de armas puede aumentar los riesgos dentro de los hogares y espacios públicos. 

El punto común planteado durante el debate fue la necesidad de fortalecer los controles sobre las armas legales y combatir el tráfico ilegal.