La sentencia por el delito de cohecho en contra del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se ratifica. Este viernes 12 de enero del 2024 se conoció que la Corte Nacional de Justicia inadmitió el trámite del recurso de revisión en el caso Sobornos.
Por unanimidad, el Tribunal de Revisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los doctores Felipe Córdova Ochoa (juez ponente), Luis Rivera Velasco y Byron Guillen Zambrano, decidió por unanimidad inadmitir los recursos de revisión presentados por Ramiro Leonardo Galarza Andrade y Alberto José Hidalgo Zavala.
Ambos impugnaron la sentencia de condena dictada dentro del proceso penal por el Caso sobornos, también conocido como Arroz Verde.
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Para tomar esta decisión, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia estudió íntegramente el contenido de los escritos que contenían los medios de impugnación presentados por las personas condenadas. Concluyeron que Alberto Hidalgo no sustentó su pedido en una causal prevista en el ordenamiento jurídico.
Además, Ramiro Galarza omitió el deber de realizar una fundamentación mínima, que permita advertir la existencia de un error de hecho en el fallo impugnado. La resolución de inadmisión fue notificada este viernes 12 de enero de 2024.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
Además, deberán cumplir con esta condena Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri.
Asimismo, los empresarios Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Du Yeon Ch., William P., Ramiro G., Édgar S., Alberto H. y Teodoro C., quienes también fueron hallados culpables, por parte del Tribunal.
Mientras que Pamela M. recibió 38 meses con 12 días y Laura T., 19 meses con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado efectivamente en la investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación de Fiscalía determinó –y comprobó ante los jueces– que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político del gobierno anterior y que, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Según la Justicia, la red delictiva recaudó, en el periodo investigado, 7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.