Asambleísta señala supuestos errores en el dictamen del juicio político contra Lasso

El asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, asegura que existen supuestos errores de la Corte Constitucional en la presentación de su dictamen de admisibilidad del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

El legislador señala que detectó un error de forma y otro de fondo, que podrían poner en duda las acusaciones al Primer Mandatario. Según Vanegas, la Corte se equivocó al mencionar como hecho base un informe de Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers que no coincide en la fecha y en su recomendación.

El asambleísta dice que en el dictamen de la Corte se hace referencia a mayo del 2022, pero el informe de Contraloría es de 2021. “Ese es un error de tipeo, de forma, lo que usted quiera. Pero no debe haberlo cometido la Corte Constitucional. Los jueces tienen la obligación de revisar si esa historia es cierta. Para eso tienen que revisar los anexos”.

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‘Error de fondo’

Para el asambleísta hay un problema de fondo que tiene que ver con el supuesto delito de peculado del que acusan a Guillermo Lasso al no haber dispuesto la terminación de un contrato supuestamente perjudicial para Flopec.

En su dictamen, la Corte refiere el informe de Contraloría y señala que «se habría recomendado realizar un informe de evaluación de los ingresos y condiciones en la modalidad asociativa con base en el que determine la conveniencia y pertinencia de continuar en el POOL Company”.

Al no hablarse de la terminación del contrato, Vanegas asegura que se desvirtuaría la idea de un peculado. “En ningún momento está diciendo que terminen el contrato o que se ha cometido peculado. Eso no existe en el informe. Sin embargo, los jueces tienen la obligación de revisar si esa historia es cierta”, dijo el legislador.

Para sostener esta teoría, Vanegas dice que se entrevistó con el exgerente de Flopec, Oswaldo Rosero, quien aseguró que al mantener el contrato con Amazonas Tankers se logró utilidades cercanas a los 200 millones de dólares para la empresa estatal.

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