La instalación de una minera canadiense en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, continúa generando rechazo por parte de la comunidades campesinas. La presencia de militares y policías aumentó la tensión este lunes 18 de marzo del 2024.
Cientos de militares y policías se ubicaron en la zona conocida como Palo Quemado y Las Pampas, donde se realizan procesos de consulta para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero La Plata, concesionado a la canadiense Atico Minning.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este lunes una presunta trama de «criminalización» de la protesta de comunidades campesinas contra la instalación de una minera canadiense.
«Se ha iniciado un nuevo proceso de criminalización de la protesta social. La Fiscalía del Estado ha acusado a 70 comuneros de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón (municipio) Sigchos por el presunto delito de ‘terrorismo‘», afirmó la Conaie.
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La acción fiscal «surge como respuesta a la resistencia de la población durante el proceso de falsa consulta ambiental iniciada por el Ministerio de Ambiente, en un contexto de violencia promovido por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y las mineras» que pretenden asentarse en zonas de alto valor hidrológico para el país, agregó la Confederación.
Militarización de la zona
Asimismo avisó que este lunes ha llegado a Palo Quemado y Las Palmas un fuerte contingente de policías y militares como respuesta del Gobierno «a la resistencia pacífica de sus habitantes».
«La imposición de una consulta ambiental mediante la fuerza militar no solo ignora, sino que viola los derechos fundamentales de los pobladores, quienes legítimamente defienden los territorios», añadió la Conaie.
Afirmó que «se ha reportado el intento de ingreso de más de 500 militares, generando un clima de tensión y preocupación en la región».
🔴 #URGENTE | Cientos de policías y militares han llegado para custodiar a la minera canadiense @laplatamining @AticoAty para imponer la megaminería en #LasPampas y #PaloQuemado (Cotopaxi). Responsabilizamos a @DanielNoboaOk de las consecuencias de su política minera y la… pic.twitter.com/jPVdVh2xpw
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 18, 2024
¿Violación a derechos humanos?
También el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y el Frente Nacional Antiminero ratificó la denuncia sobre la «criminalización» de campesinos opuestos a que el Gobierno lleve adelante un modelo de consulta a las comunidades involucradas en dicha concesión minera.
«La falta de información adecuada y accesible, la exclusión de las voces disidentes, la manipulación de los datos, la represión policial y militar y la omisión de estándares internacionales, convierten a este proceso en un mero trámite burocrático para justificar decisiones que ya están tomadas en los despachos de las empresas mineras y de los políticos corruptos», señalaron en comunicado difundido en redes sociales.
Además, los campesinos de Cotopaxi condenaron la actitud del Gobierno y afirmaron que pretende, aparentemente, justificar la intervención de las fuerzas de seguridad sin investigar hechos ni circunstancias.
«Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo como ente veedor de esta grave violación de derechos humanos», añadió y recordó al Gobierno ya ha suscrito el llamado Acuerdo de Escazú sobre la protección a los defensores de la naturaleza y la responsabilidad internacional que supone incumplir ese precepto.
También pidió a la comunidad internacional mantener la vigilancia sobre las «macabras intenciones del Gobierno, que busca silenciar a los defensores de la naturaleza, tachándoles de terroristas» y así poder militarizar «territorios estratégicos» para las mineras foráneas.
Minería en Palo Quemado y Las Palmas
Sobre el proceso minero en Palo Quemado y Las Palmas, en noviembre pasado la Corte Constitucional declaró como «inconstitucional» una consulta minera efectuada por el Ministerio del Ambiente, amparada en un decreto que emitió el entonces mandatario Guillermo Lasso.
La Corte incluso dio razón a la Conaie por invocar regulaciones internacionales sobre el procedimiento «consulta previa, libre e informada» a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas. Ese proceso de consulta del anterior Gobierno, que también fue rechazado por el movimiento indígena, estuvo salpicado por enfrentamientos entre manifestantes antimineros y la fuerza pública.
Por su lado, el Gobierno del actual presiente Daniel Noboa, que insiste en la consulta, ha denunciado y rechazado supuestos hechos de violencia por parte de los campesinos contra funcionarios de su administración.
El Ministerio del Ambiente confirmó su intención de llevar adelante el proceso de consulta en el área de la concesión minera La Plata, donde se prevé existe un yacimiento de oro, plata y cobre.
«Se han coordinado acciones de seguridad con las instituciones correspondientes a fin de que el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas, sea respetado», informó la semana pasada esa cartera de Estado.
No obstante, sobre estas últimas acciones no se ha pronunciado hasta las 07:00 de este martes 19 de marzo del 2024. EFE
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