“El derecho no debe ser tomado como última instancia sino como el primer recurso”, asegura Wilman Terán para justificar la acción de protección presentada en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro de Economía, Pablo Arosemana, por falta de asignación de recursos.
En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 4 de abril del 2023, Terán aseguró que “un poder del Estado donde se realiza la justicia de la ciudadanía no puede estar implorando migajas”. Agregó que “el derecho se lo pide frontalmente, de pie y sin temor”.
Terán aclaró que la acción de protección la presentó como ciudadano que acababa de conocer toda la problemática. “Jamás lo he hecho como Presidente del Consejo de la Judicatura”, enfatizó.
Sin embargo, sostuvo que “no pude disminuirse la calidad de ciudadano y la responsabilidad” para restar la potencia de los derechos a favor de los ciudadanos. Terán, enfatiza en que el hecho de ser servidores públicos no merma la capacidad de derechos que tienen. “No se puede separar la condición humana por ser servidores públicos”.
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Sobre el presupuesto, que se acerca a los 265 millones de dólares, asegura que son el reflejo de lo que se ha ido mermando desde el Ministerio de Finanzas. El Presidente de la Judicatura pone como ejemplo el caso que detectó a fines del 2022.
Asegura que alrededor de 4,6 millones de dólares de gasto corriente fueron revertidos del Estado en diciembre del 2022. Esto, debido a que se asignaron en ese mes, pese a conocer que los procesos de contratación demoraban 45 días. De manera que, indica Terán, al llegar el 31 de diciembre se revirtió el dinero al Estado, ya que no se ejecutó. Así que este es un ejemplo de cómo se resta el presupuesto a la Función Judicial, dijo.
Wilman Terán también habló de las cifras del Ministerio de Finanzas, con las que se asegura que la Judicatura solo ejecuta el 2% del presupuesto asignado. El funcionario dice que Finanzas se refiere al gasto de inversión y que él habla del gasto corriente, que incluye salarios, servicios y otros. Le recuerda al Estado que la Judicatura no es un ente ejecutor de obras sino que presta un servicio público y ciudadano.
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