Actores del sistema judicial aseguran que ya advertían sobre personas de dudosa procedencia merodeando las unidades judiciales tras atentado a fiscal en Guayaquil. Abogados aseguran que no se tomaron las medidas preventivas necesarias.
El asesinato de un fiscal en el centro de la ciudad frente a su unidad judicial de trabajo no solo evidencia el alcance de grupos criminales sino una muerte que pudo haberse evitado, según el abogado penalista Héctor Gabriel Vanegas.
El juristas asegura asegura que semanas atrás se advertía de la presencia de personas peligrosas merodeando el lugar e incluso se tenía información del ataque armado.
Además, para Djalma Blum, abogada penalista, el cirmen organizado está perturbando la institucionalidad del Estado e insiste en mejorar la seguridad de las instituciones judiciales.
Vanegas considera necesario elaborar un registro de seguridad de todos los miembros de la función judicial y un perfil de riesgo.
No obstante, el sistema de justicia registra seis atentados en contra de sus funcionarios en lo que va del 2022. Cifra que preocupa a los abogados y otros actores del sistema judicial.
«Cómo puede ser posible que en una institución del Estado, que tiene la función de representar a toda la sociedad para acusar a los delincuentes, lo que ocurra es que los delincuentes se nos burlen en la cara», sentencia Héctor Gabriel Vanegas.
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