Gobierno iniciará proceso para revocar licencia ambiental de proyecto minero en Loma Larga

El Gobierno Nacional informó que, tras analizar los informes presentados por la Prefectura del Azuay y la Alcaldía de Cuenca, iniciará el procedimiento administrativo para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa Dundee Precious Metals.

En un comunicado oficial emitido este jueves 25 de septiembre del 2025 precisó que las "autoridades locales deberán responder por la consistencia técnica y la veracidad de los documentos entregados". 

El presidente Daniel Noboa reiteró que la postura de su administración "no admite dudas" y busca salvaguardar las fuentes de agua y respetar las competencias de los distintos niveles de gobierno.

Autoridades entregaron los informes 

El anuncio se da luego de que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, acudieran a la convocatoria realizada por la Gobernación de esa provincia y el Ministerio de Ambiente y Energía, donde expusieron informes que justifican la suspensión del proyecto minero en Quimsacocha.

Zamora presentó ocho documentos clave, entre ellos estudios ambientales de Etapa, peritajes internacionales, informes científicos y los resultados de la consulta popular de 2021 que prohibió la minería en zonas de recarga hídrica. 

Lloret, por su parte, entregó reportes técnicos que, según dijo, ya habían sido enviados con anterioridad sin que se adoptaran decisiones administrativas sobre la revocatoria. 

De acuerdo con la Prefectura del Azuay, el análisis previo a la emisión de la licencia ambiental determinó varios riesgos, entre ellos, se detalla la  Incompatibilidad con el páramo de Quimsacocha, considerado inviable para actividades extractivas.

Además, indica que el proyecto representa una amenaza hídrica, debido a que este ecosistema abastece de agua a Cuenca y otras once localidades.

Detallan que en caso de que continúe el proyecto, habrá un impacto en la seguridad alimentaria, por la reducción del riego agrícola.

Finalmente, los documentos hablan de un peligro para la salud pública, por posible contaminación de las fuentes de agua con metales pesados como arsénico y mercurio. 

La sesión también dejó tensiones políticas. El prefecto Lloret y el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, se responsabilizaron mutuamente por la entrega de concesiones y licencias ambientales al proyecto minero. 

Bermúdez aseguró que se trata de un problema heredado, mientras que Lloret respondió que la licencia ambiental fue otorgada por el Gobierno central.