Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España para el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes, 5 de octubre de 2026, el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una apuesta con la que busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda.

La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

"He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales" el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.

"Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", afirmó Sánchez, que siempre había dicho que se presentaría a unas nuevas legislativas.

Para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, se necesita "una mayoría mucho más amplia, progresista" en el Parlamento, agregó el dirigente de 54 años.

Las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

Ese escenario obligaría al PP a buscar apoyos para gobernar. La ultraderecha de Vox, tercera fuerza política, se perfila como uno de los actores clave.

"Por fin decidirán los españoles", reaccionó inmediatamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles", dijo tras reclamar durante meses elecciones anticipadas.

Los comicios estaban previstos inicialmente para mediados de 2027.

Crisis de la vivienda

El adelanto electoral llega tras un duro revés para el Ejecutivo, que intentó aprobar la semana pasada un paquete de medidas en plena ola de protestas por la vivienda desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda en España.

La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas, después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.

El rechazo de las medidas en el Congreso indignó a los colectivos que protestaban contra el encarecimiento de la vivienda. El sábado, decenas de millas de personas se manifestaron en Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis.

Además, cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar un favor de reformas.

"Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda", aseveró a la periodista Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, motor de las protestas. "Esta ola de indignación es imparable y no vamos a parar", añadió.

Debilidad de Sánchez

Tras ocho años en el poder, Sánchez llega también debilitado por varios escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno cercano, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores clave del Partido Socialista.

El dirigente ha recibido igualmente numerosas críticas por la gestión de la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde millas de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio y más de dos meses después, la situación sigue sin resolverse.

Los reyes de España tienen prevista ir a Ceuta el 13 de octubre, una visita de alto riesgo diplomático ya que la soberanía del territorio es reivindicada por Marruecos.

Pero la gota que colmó el vaso fue el hartazgo por la escasez de vivienda asequible.

Al igual que en muchos otros países europeos, esto se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España, donde plataformas de alquiler turístico y fondos de inversión son señalados por organizaciones sociales y sectores políticos como factores que contribuyen al aumento de los precios y a la reducción de la oferta para residentes.