10 irregularidades frenaron los concursos para renovar la Corte Nacional entre 2023 y 2024
La Judicatura prepara un nuevo concurso de jueces nacionales para 2026. Es el tercer intento en menos de cinco años.
La Corte Nacional debe estar conformada por 21 jueces y juezas
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Actualizado:
14 jul 2026 - 17:35
Errores en la calificación de méritos, presuntas filtraciones de información, incumplimientos legales y cambios en las reglas del proceso fueron algunas de las irregularidades que llevaron a la suspensión de los dos concursos para designar jueces nacionales en 2023 y 2024.
Por unanimidad, en diciembre de 2023, el Pleno de la Judicatura suspendió el proceso de selección. Y el 21 de noviembre de 2024 se declaró la nulidad total insanable del segundo intento.
El Consejo de la Judicatura (CJ) intentará por tercera ocasión concretar el concurso para renovar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Como parte de este nuevo intento, el Pleno de la Judicatura aprobó el 3 de julio de 2026 el reglamento que regirá el concurso para seleccionar jueces nacionales.
La institución prevé abrir la convocatoria en agosto y completar la designación de al menos 34 magistrados nacionales hasta febrero de 2027.
Hasta lo que va de julio, el Alto Tribunal cuenta con 10 jueces titulares, cuando debería estar integrada por 21 magistrados. Además, en 2027 concluirán los períodos de otros seis jueces, por lo que el número de titulares podría reducirse a solo cuatro.
10 irregularidades por las que se suspendieron los concursos
Hallazgo en el concurso de 2024:
1. Calificaciones inconsistentes en la fase de méritos
Una revisión aleatoria de 35 postulantes reveló inconsistencias en 17 casos, debido a la aplicación de criterios distintos, incumplimientos de la normativa y asignación de puntajes a documentos que no reunían los requisitos establecidos en la normativa.
2. Puntajes otorgados a títulos que no correspondían
Se detectó que algunos aspirantes recibieron hasta 26 puntos por títulos académicos que no guardaban relación con la especialidad para la que concursaban. Entre los casos identificados figuró un certificado en Derecho Ambiental, pese a que no correspondía al campo en el que participaba.
3. Incumplimiento de recomendaciones de la Contraloría
La evaluación de méritos no fue realizada conjuntamente por la Dirección Nacional de Talento Humano y el Comité de Expertos, como había recomendado la Contraloría General del Estado. En cambio, la calificación quedó en manos de una comisión y tribunales externos, lo que fue considerado una irregularidad.
4. Falta de criterios para asignar a los expertos
Las investigaciones también determinaron que no existía evidencia sobre la especialidad para la que fueron seleccionados varios expertos ni los parámetros técnicos con los que fueron asignados a materias generales y específicas.
5. Requisitos del reglamento contrarios a la ley
El reglamento exigía 15 años de ejercicio profesional para ser considerado experto, pese a que el Código Orgánico de la Función Judicial establece un mínimo de 10 años. Además, se identificó que un economista y un psicólogo organizacional estuvieron entre el personal que validó la experiencia de los expertos en el área de Derecho.
6. Cambios en el examen de confianza durante el proceso
Las áreas técnicas concluyeron que la metodología aplicada para el Examen de Confianza fue modificada cuando el concurso ya estaba en marcha, lo que habría afectado el principio de seguridad jurídica.
7. Inconsistencias en la contratación de la empresa evaluadora
También se detectaron diferencias entre los términos de referencia utilizados para contratar a la empresa Métricas Web, encargada de aplicar las pruebas de confianza, y las condiciones con las que finalmente se ejecutó el servicio.
Hallazgo en el concurso de 2023:
8. Presuntas presiones para obtener información del concurso
Las áreas técnicas señalaron que el exdirector general del CJ y un exasesor del despacho de la Presidencia, vinculados al entonces presidente Wilman Terán, habrían presionado a funcionarios para entregar información reservada del proceso, incluso mediante un disco duro destinado a almacenar esos datos.
9. Intento de acceder al banco de preguntas
Asimismo, un exasesor de Presidencia y un excoordinador de Relaciones Internacionales presuntamente buscaron obtener el banco de preguntas de la prueba teórica e influir sobre funcionarios del área de Tecnologías de la Información para conocer el mecanismo de desencriptación de ese contenido.
10. Filtración de información sensible
Según las investigaciones, varios servidores que habrían recibido estas presiones no informaron a sus superiores y acataron las órdenes. Esto habría permitido la filtración de información confidencial y comprometido la seguridad de la plataforma y los documentos almacenados del concurso.
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