Estas son las acusaciones de Fiscalía en el caso Triple A; ¿cuándo se sabrá la resolución?

El caso Triple A está en la recta final. El Tribunal de Garantías Penales convocó para este sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 17:30, la reinstalación de la audiencia de juicio, en la que se conocerá la resolución sobre los 21 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La diligencia será telemática y se realizará después de que el Tribunal permaneciera en fase de deliberación desde el 3 de agosto.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), que alertó sobre posibles irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.

¿Qué sostiene la Fiscalía?

Según la teoría fiscal, entre 2020 y 2024 habría operado una presunta estructura dedicada a la comercialización y distribución irregular de hidrocarburos subsidiados.

El perjuicio económico calculado por Fiscalía asciende a USD 61.502 658, relacionado con 22.777 191 galones de diésel y gasolina.

La investigación se concentró en la cadena de distribución destinada a los sectores automotriz, industrial y naviero.

"Los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías", indicó la Fiscalía.

Estaciones de servicio bajo la lupa

En estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas, la Fiscalía habría detectado diferentes patrones que considera irregulares, entre ellos:

• Ventas superiores al combustible recibido.
• Uso reiterado irregular de placas de vehículos.
• Despachos que superarían la capacidad de almacenamiento de los tanques.
• Diferencias entre los volúmenes comprados, despachados y vendidos.
• Operaciones realizadas con comercializadoras distintas de las autorizadas.
• Ventas efectuadas sin los permisos correspondientes.

Para la Fiscalía, estas inconsistencias formarían parte del mecanismo utilizado para desviar y comercializar combustible subsidiado.

Las empresas señaladas

Fiscalía indicó que una de las compañías procesadas, Copedesa, habría obtenido autorizaciones presuntamente irregulares y la suscripción de contratos con estaciones de servicio fronterizas.

Otra empresa investigada es Corpalubri, que habría obtenido una autorización cuestionada y presentado diferencias millonarias entre los volúmenes de combustible comprados y vendidos.

La Fiscalía también sostiene que determinados centros de depósito industrial habrían comercializado cantidades de diésel superiores a las despachadas por EP Petroecuador, sin justificar su procedencia.

Y habrían también registrado ventas superiores a las compras y comercialización de combustible fuera de las autorizaciones otorgadas.

El papel que Fiscalía atribuye a Alvarez

En la investigación del Ministerio Público también se menciona que Aquiles Alvarez se desempeñó como representante legal y presidente de Ternape S.A. entre 2017 y 2021. Durante ese período, la compañía habría operado en los segmentos naviero nacional e internacional.

La Fiscalía sostiene que Ternape "habría ejecutado operaciones fuera de los segmentos autorizados y con empresas no habilitadas. También habría comercializado combustible subsidiado del segmento naviero nacional a embarcaciones de bandera internacional".

La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal una pena de seis años y nueve meses de prisión para Alvarez y otros procesados, además de la aplicación de agravantes.

El Ministerio Público también pidió reconocer una única circunstancia atenuante para uno de los procesados, debido a su colaboración durante la investigación.

Postura de la defensa

La defensa de Aquiles Alvarez sostiene que no existen pruebas suficientes para demostrar las acusaciones de Fiscalía General.

Sobre el supuesto perjuicio de USD 61,5 millones, el abogado del Alcalde afirmó que en el expediente no existirían auditorías contables, estados de cuenta ni peritajes que sustenten esa cifra.

De existir una sentencia condenatoria, esta se convertiría en la segunda condena contra Aquiles Alvarez, quien ya fue sentenciado a tres años de prisión en el caso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.