Exalcalde de Taisha es condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito
La justicia condenó a 7 años de cárcel a Cergio Ayuy Ch., exalcalde de Taisha, por un incremento patrimonial injustificado de USD 312.958.
Exalcalde de Taisha no pudo justificar más de USD 312.000 y recibe 7 años de condena
Fiscalía
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Actualizado:
07 jul 2026 - 06:18
La justicia sentenció a siete años de prisión al exalcalde de Taisha, Cergio Ayuy Ch., tras hallarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito.
La resolución también contempla la pérdida de sus derechos políticos, una multa económica y la prohibición de ejercer cargos públicos mientras cumple la condena.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado notificó la sentencia la tarde del viernes 3 de julio de 2026.
Además de la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron la interdicción del sentenciado durante el tiempo que permanezca privado de su libertad.
Incremento patrimonial injustificado de USD 312 000
De acuerdo con el fallo, Cergio Ch. también deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, que corresponden a 6 800 dólares, tomando como referencia el salario básico vigente en 2014, cuando inició su administración.
La sentencia aplica lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, por lo que el exalcalde perderá sus derechos de participación política durante el cumplimiento de la pena.
Además, no podrá ser candidato a cargos de elección popular, contratar con el Estado ni desempeñar funciones públicas.
Fiscalía presentó pruebas
Durante la audiencia de juicio, la fiscal provincial de Morona Santiago, Anita Madero, explicó que la investigación se originó a partir de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.
Según la Fiscalía, al iniciar su gestión como alcalde del cantón Taisha, el 14 de mayo de 2014, Cergio A. Ch. declaró un patrimonio de 18 900 dólares.
Sin embargo, no presentó las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años 2016 y 2019, como establece la normativa.
Las investigaciones determinaron que durante su administración el exfuncionario recibió depósitos adicionales a sus ingresos como alcalde, adquirió un vehículo, un inmueble y canceló varias deudas. De acuerdo con la acusación, estos movimientos reflejaron un incremento patrimonial injustificado de 312.958,46 dólares.
Informes de Contraloría, UAFE y SRI fueron parte del juicio
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó los testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) y especialistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
También declararon los peritos que participaron en los análisis contables y financieros, además del reconocimiento del lugar de los hechos.
La Fiscalía incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificados de propiedad de bienes muebles e inmuebles.
El delito de enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de siete a 10 años de prisión para los funcionarios públicos que no puedan justificar el incremento de su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones.
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