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Fiscalía pide prisión preventiva para 10 nuevos vinculados en caso Progen

Con las 10 nuevas vinculaciones, el proceso judicial por el caso Progen suma 31 personas procesados por el presunto delito de peculado.

El fiscal general (e), Leonardo Alarcón, asiste a la audiencia de vinculación en el caso Progen.

Fiscalía

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

25 ago 2026 - 15:59

La Fiscalía General del Estado solicitó al juez Rodrigo Sarango que dicte prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados por presunto peculado en el caso Progen

"Con base en los elementos expuestos entre la tarde de ayer y la mañana de hoy, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, solicita al juez que dicte prisión preventiva para las 10 personas vinculadas", señaló el Ministerio Público, este martes 25 de agosto de 2026.

La Corte Nacional de Justicia instaló, la tarde de este lunes 24 de agosto de 2026, la audiencia de vinculación en el denominado caso Progen, investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de generadores eléctricos.

Con las 10 nuevas vinculaciones, el proceso judicial suma 31 personas procesados por el presunto delito de peculado.

Entre las personas vinculadas constan un exintegrante del área jurídica y un exasesor del exministro de Energía Roberto Luque. Como consecuencia de la vinculación, la instrucción fiscal se ampliará por 30 días adicionales.

¿Qué investiga el caso Progen?

La Fiscalía investiga un presunto peculado relacionado con la contratación y ejecución de contratos emergentes para adquirir generadores destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Según la teoría fiscal, durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen, pese a que sus ofertas presuntamente no cumplían determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

El contrato para Salitral ascendió a USD 99,4 millones, mientras que el correspondiente a Quevedo alcanzó los USD 49,7 millones.

Fiscalía sostiene además que se habría entregado un anticipo equivalente al 70% del valor contractual, por alrededor de USD 104,37 millones, pese a que los generadores entregados presuntamente no cumplían con las condiciones establecidas y no llegaron a entrar en funcionamiento.