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Caso Progen: Fiscalía vincula a 10 personas más por presunto peculado

La Corte Nacional instaló la audiencia de vinculación de 10 personas más al caso Progen. La investigación alcanza a 31 procesados.

La audiencia de vinculación en el caso Progen se instaló la tarde de este lunes 24 de agosto de 2026.

Corte Nacional

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

24 ago 2026 - 16:03

La Corte Nacional de Justicia instaló, la tarde de este lunes 24 de agosto de 2026, la audiencia para que Fiscalía General vincule a 10 personas más en el denominado caso Progen, investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de generadores eléctricos.

Con estas nuevas vinculaciones, el proceso judicial alcanzará a 31 personas investigadas por el presunto delito de peculado

Pasadas las 14:00, el juez Rodrigo Sarango declaró instalada la diligencia luego de constatar la presencia de los investigados y sus abogados.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado deberá presentar los elementos e indicios que, según la investigación, relacionarían a los nuevos procesados con los hechos que son analizados dentro del caso.

Entre las personas cuya vinculación fue solicitada constan un exintegrante del área jurídica de Celec y un exasesor del exministro de Energía Roberto Luque. Como consecuencia de la vinculación, la instrucción fiscal se ampliará por 30 días adicionales.

¿Qué investiga el caso Progen?

La Fiscalía investiga un presunto peculado relacionado con la contratación y ejecución de contratos emergentes para adquirir generadores destinados a las centrales eléctricas Salitral y Quevedo, durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Según la teoría fiscal, durante los procesos de contratación se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen, pese a que sus ofertas presuntamente no cumplían determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

El contrato para Salitral ascendió a USD 99,4 millones, mientras que el correspondiente a Quevedo alcanzó los USD 49,7 millones.

Fiscalía sostiene además que se habría entregado un anticipo equivalente al 70% del valor contractual, por alrededor de USD 104,37 millones, pese a que los generadores entregados presuntamente no cumplían con las condiciones establecidas y no llegaron a entrar en funcionamiento.