Se suspenden audiencias tras eliminarse juzgados contra la corrupción; CJ niega afectación

La supresión de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ya comienza a generar efectos en varios procesos de alto impacto en Ecuador.

Desde que se dispuso la eliminación de esta dependencia, el pasado 7 de septiembre de 2026, jueces han expresado dudas sobre su competencia para continuar al frente de las causas.

 Como consecuencia, varias diligencias han sido suspendidas, diferidas o remitidas para un nuevo sorteo.

Uno de los procesos afectados es el caso Encuentro. Siete meses después de su extradición desde Panamá, Leonardo Cortázar debía enfrentar este martes 15 de septiembre el juicio por el presunto delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, el expediente se encontraba bajo la competencia de la unidad especializada que fue eliminada. Ante la falta de claridad sobre la aplicación de la resolución del Consejo de la Judicatura, el tribunal decidió no instalar la audiencia de juzgamiento.

Los magistrados comunicaron que, mientras el Consejo de la Judicatura no emita las directrices necesarias para determinar cómo continuará el procedimiento, quedan sin efecto las fechas previstas para el desarrollo de la audiencia.

La resolución de la Judicatura que dispuso la reestructuración estableció que las causas de corrupción y crimen organizado sean distribuidas entre la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, la Unidad de Garantías Penales Mariscal Sucre, conocida como Flagrancia, y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, todas con sede en Quito.

El caso Goleada también quedó suspendido

Esta decisión también impactó al caso Goleada. La audiencia preparatoria de juicio había comenzado el martes y debía reinstalarse el miércoles 9 de septiembre, pero el juez Sebastián Cornejo resolvió inhibirse de continuar con el proceso.

El magistrado fue notificado sobre la eliminación de la Unidad Anticorrupción y consideró que ya no tenía claridad sobre su competencia para seguir al frente de la causa.

Por ello, dispuso que el expediente sea enviado a la sala de sorteos de la Unidad Judicial de Iñaquito, donde deberá ser asignado a un nuevo juez para continuar con el trámite.

• Así funcionarán los avatares digitales para jueces

La Reina, otro proceso en pausa

El mismo escenario se registró en el caso La Reina, relacionado con una investigación por lavado de activos.

Una audiencia de apelación prevista para el 9 de septiembre también fue suspendida. Durante la diligencia, la Fiscalía señaló que no existía una disposición clara tras la supresión de la unidad especializada.

Ante esta incertidumbre, el juez decidió diferir la audiencia para evitar posibles nulidades en el futuro.

Según la Judicatura, los expedientes deberán pasar a un nuevo sistema en el que más de 50 jueces penales podrán conocer procesos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Judicatura defiende la reestructuración

El Consejo de la Judicatura sostiene que esta reestructuración no significa la pérdida de la especialidad para juzgar delitos complejos.

La presidenta de la institución, Mercedes Caicedo, señaló que los jueces penales cuentan con la capacidad y preparación necesarias para conocer delitos de corrupción y crimen organizado.

En la misma línea, el vocal Fabián Fabara aseguró que la reestructuración aprobada no elimina competencias, sino que busca "optimizar y ampliar el número de jueces para el conocimiento de casos de corrupción y crimen organizado".

Según el Consejo de la Judicatura, antes existían 19 jueces destinados a conocer estos procesos, mientras que ahora serán más de 50 jueces penales habilitados para asumir estas causas.

"Frente al déficit de jueces y la carga procesal, pasamos de 19 a más de 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer estas causas, fortaleciendo la cobertura y capacidad de respuesta", indicó la Judicatura.