Todo lo que debe saber sobre la 'Ley Antimafias', aprobada en la Asamblea Nacional

La ley reformatoria contra la delincuencia organizada, conocida como la "Ley Antimafias", fue aprobado este lunes 9 de noviembre de 2026 por la Asamblea Nacional. 

• Asamblea Nacional aprueba la Ley Antimafias

Con el objetivo de entender los alcances, los cambios normativos, en esta nota periodística explicamos y detallamos los puntos más importantes y las observaciones clave del informe legislativo.

Objetivos centrales de la normativa

El propósito principal de esta normativa es robustecer las capacidades jurídicas, institucionales y financieras del Estado ecuatoriano para prevenir, investigar, juzgar y desarticular a las organizaciones criminales.

Uno de sus ejes fundamentales apunta al corazón económico de estas estructuras.

Busca asfixiar sus finanzas y optimizar de manera eficiente la administración de los bienes ilícitos que son incautados en los operativos.

Penas de hasta 60 años

Uno de los principales cambios establece que las personas condenadas por tres o más delitos dolosos, podrían recibir penas acumuladas de hasta 60 años de prisión. Actualmente, el límite máximo es de 40 años.

Penas por pertencer a grupos criminales

Sanciones de hasta 22 años de cárcel se dará a quienes pertenecen a organizaciones criminales, de acuerdo con la normativa arpobada. 

Reformas al COIP y diferenciación de roles criminales

Pertenencia funcional

Se tipifica de forma autónoma esta figura para sancionar a quienes, con conocimiento de la finalidad delictiva de una estructura, mantienen un vínculo estable mediante tareas de soporte logístico, vigilancia, alerta, comunicación o abastecimiento. 

La norma exige la comprobación de elementos y dolo, excluyendo las relaciones familiares o el entorno de convivencia.

Delitos hidrocarburíferos

Se reestructuran los tipos penales vinculados al almacenamiento, transporte, distribución y refinación ilegal de combustibles. 

Se establece una dosimetría basada en escalas (mínima, mediana, alta y gran escala) y agravantes severas en zonas de frontera o cuando existe un vínculo con redes delictivas.

La nueva ley plantea hasta 13 años de prisión para quienes participen en este delito. 

Nuevos tipos penales

Se incorporan figuras orientadas a castigar el desplazamiento interno forzado y el confinamiento provocado por la violencia criminal, protegiendo de manera reforzada a sectores vulnerables.

Garantías procesales y cooperación eficaz

Prisión preventiva y riesgo

Se ajustan los parámetros de procedencia de la medida cautelar en delitos vinculados a estructuras complejas. 

De acuerdo con la normativa, esto obligaríaa los operadores de justicia a valorar la capacidad logística, armada y de control territorial, respetando la naturaleza cautelar de la detención.

Inhabilitación profesional

Se establecen sanciones accesorias de inhabilitación para el ejercicio profesional (como la abogacía), delimitando que estas proceden cuando el uso doloso de la profesión haya servido de instrumento para facilitar el ilícito.

Es decir, según la nueva normativa, excluyendo el ejercicio técnico y legítimo de la defensa.

Cooperación eficaz reforzada

Se introducen incentivos procesales y reducciones de pena sustanciales para aquellos integrantes de organizaciones que aporten información verídica, útil y comprobable para desarticular cúpulas y localizar flujos financieros ilícitos.

Recuperación y gestión estratégica de activos ilícitos

Fin de los 'bodegueros pasivos'

Se moderniza el sistema de administración patrimonial para evitar la depreciación o pérdida de bienes retenidos (vehículos, maquinaria e inmuebles), regulando mecanismos como la venta anticipada y la declaratoria de abandono.

Asignación provisional de uso

Se faculta la entrega temporal y controlada de bienes aprehendidos —que no comprometan la reserva probatoria— a favor de instituciones estatales operativas. 

Estas instituciones son aquellas que estén encargadas de la seguridad ciudadana y la defensa nacional, bajo estrictos inventarios y obligación de restitución.

Extinción de dominio

Se articulan reformas complementarias para agilizar la prueba indicaria y el nexo causal entre los bienes injustificados y las estructuras del terrorismo o delincuencia organizada, asfixiando el músculo financiero de las mafias.