Proyecto de Ley de IA en Ecuador: ¿Qué dicen la Fiscalía, Policía y otras instituciones?
Delegados estatales presentaron aportes en la Comisión de Educación de la Asamblea para evitar duplicidad de delitos, reforzar la investigación penal y blindar la protección de datos.

Representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y organismos de protección de datos expusieron sus observaciones sobre el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial.
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Actualizado:
11 nov 2026 - 20:23
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió a representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones este miércoles 11 de noviembre de 2026.
El objetivo: debatir el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Ecuador.
Durante la sesión, las entidades expusieron observaciones técnicas que abren el debate sobre los límites punitivos y la protección de datos en el país.
Riesgos de duplicidad penal en el debate legislativo
Alberto Carrión, coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, advirtió sobre una posible duplicidad entre los tipos penales propuestos en el proyecto de ley para sancionar conductas asociadas a la inteligencia artificial.

Como alternativa, el funcionario planteó analizar la incorporación del uso de contenidos generados mediante estas herramientas como una circunstancia agravante dentro de otros delitos ya existentes.
Propuestas de la Policía y Defensoría del Pueblo
Carlos Ortega, director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Policía, propuso reformar el artículo 35 para incluir la investigación penal de manera explícita frente al uso indebido de la tecnología.
Así, según el experto, se amplía su alcance a los delitos de acción pública y privada.

Por su parte, Rodrigo Varela, en representación de la Defensoría del Pueblo, recomendó reforzar las garantías de derechos humanos y la protección de datos.
Asimismo, la regulación de la vigilancia biométrica, destacando la necesidad de asegurar la revisión humana ante decisiones automatizadas.
Armonización y soberanía digital
Paula Solarte, especialista en Regulación de Protección de Datos Personales, propuso armonizar la iniciativa con la normativa vigente de protección de datos, extender su aplicación a proveedores internacionales y perfilar las competencias institucionales.
A su vez, Alex Sotomayor, de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, sugirió refinar la definición de los sistemas de inteligencia artificial.
incorporar principios de autonomía y soberanía digital, e integrar evaluaciones de impacto en derechos humanos dentro de la gestión de riesgos.
La comisión comenzará con el análisis técnico para consolidar el contenido de la normativa.
¿Qué propone el proyecto de ley IA?
- Enfoque basado en riesgos: La normativa plantea un modelo de gobernanza proporcional que no obstaculice la innovación ni genere burocracia innecesaria, clasificando los sistemas según su nivel de impacto..
- Prohibición de prácticas de riesgo inaceptable: Establece restricciones tajantes para el uso de técnicas subliminales de manipulación, la explotación de vulnerabilidades en menores de edad o personas con discapacidad, los sistemas de puntuación social (scoring) por parte del Estado y la vigilancia biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos.
- Regulación de la IA generativa y "Deepfakes": Obliga a los desarrolladores e implementadores a incorporar etiquetas, metadatos o marcas técnicas en los contenidos sintéticos (audios, imágenes o videos) para evitar la desinformación y el fraude electoral o público.
- Endurecimiento de penas en el COIP: Introduce reformas específicas para sancionar con cárcel la suplantación de identidad mediante IA (de 3 a 5 años), la violación a la intimidad por la creación de material íntimo falso, las estafas simulando rostros o voces, y el contacto con finos sexuales a menores utilizando identidades sintéticas.
- Gobernanza sin gasto fiscal: Determina que la aplicación de la ley recaerá sobre las competencias ordinarias del Ministerio rector de la transformación digital (MINTEL) y un comité consultivo multiactor, sin crear nuevas entidades públicas ni exigir recursos adicionales al Presupuesto General del Estado.
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