El Pleno de la Asamblea Nacional destituyĆ³ la madrugada de este sĆ”bado a cuatro miembros del Consejo de ParticipaciĆ³n Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a autoridades de varias instituciones estatales.
Tras nueve horas de sesiĆ³n y con 85 votos afirmativos, el pleno del Parlamento censurĆ³ y destituyĆ³ a Ibeth EstupiƱƔn, MarĆa Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y HernĆ”n Ulloa, Ā«por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elecciĆ³n de Contralor y por la falta de transparencia en la designaciĆ³n del Superintendente de Ordenamiento TerritorialĀ», seƱalĆ³ en un comunicado.
Con 85 votos afirmativos el #PlenoLegislativo censura y destituye a los consejeros del @CpccsEc: @HernanUlloa, @mrivadeneirac, @IbethEstupinan y @BravoManabita, por incumplimiento de funciones constitucionales y legales.#JuicioPolĆtico pic.twitter.com/79bh6vxM8p
ā Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 19, 2022
ResoluciĆ³n
La resoluciĆ³n serĆ” notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura y destituciĆ³n de los referidos consejeros y, en consecuencia, se disponga la prohibiciĆ³n de ejercer cargos en el sector pĆŗblico por el plazo de dos aƱos, como lo estipula la Ley OrgĆ”nica de la FunciĆ³n Legislativa (LOFL), en concordancia con la Ley OrgĆ”nica de Servicio PĆŗblico.
TambiĆ©n se notificarĆ” a los funcionarios censurados, asĆ como a las mĆ”ximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral, a los consejeros que integran el pleno del CPCCS y a todas las instituciones que integran la FunciĆ³n de Transparencia y Control Social, a la FiscalĆa y ContralorĆa General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigaciĆ³n y control.
En el debate intervinieron 18 asambleĆstas, quienes hicieron Ć©nfasis en la necesidad de ejercer la facultad fiscalizadora de la Asamblea y sancionar con la censura y destituciĆ³n a los consejeros Ā«que incumplieron funciones y que actuaron fuera de la norma legal, para favorecer intereses ajenos a las demandas del pueblo ecuatorianoĀ», relata la Asamblea.
A la vez, -agrega- Ā«invocaron a no tener miedo de las amenazas, ni de las acciones de protecciĆ³n, porque la fiscalizaciĆ³n es una facultad privativa de la AsambleaĀ».
El legislador Virgilio Saquicela, anotĆ³ que este juicio polĆtico no solo es un imperativo constitucional y legal, sino, sobre todo, un imperativo moral de fiscalizar.
InvocĆ³ al diĆ”logo con las demĆ”s funciones del Estado para dar respuesta a las demandas del paĆs, entre ellas, la seguridad, el empleo y la seguridad social.
Los ecuatorianos acudirĆ”n a las urnas en febrero prĆ³ximo para designar a las autoridades locales, como alcaldes y prefectos, entre otros, y tambiĆ©n para elegir a los siete nuevos integrantes del CPCCS.