La provincia de Santa Elena, antes considerada como una de las más seguras y atractivas para vivir o vacacionar, está enfrentando un preocupante aumento en la tasa de hechos delictivos en el año 2023. En comparación con el año anterior, los datos revelan un incremento en los homicidios intencionales, del 143%.
Este cambio en la realidad de Santa Elena ha impactado gravemente a quienes dependen del turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región. Los residentes se quejan del creciente número de robos, homicidios y sicariatos.
Según estadísticas proporcionadas por la Policía Nacional, de enero a agosto de 2022, se registraron 58 casos de sicariato en la provincia. Sin embargo, desde enero hasta agosto de 2023, este número se ha disparado a 141, lo que refleja la creciente violencia que afecta a la región.
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Carlos Mancheno, jefe de la Policía Judicial de Santa Elena, señala que «el aumento en las muertes violentas se debe en gran parte a los conflictos entre bandas delictivas que operan en la zona».
Los robos a personas y unidades de transporte también han experimentado un incremento notable, según el Cuadro de Mando Integral de esta subzona policial, que cuenta con 514 agentes para una población de más de 300.000 habitantes.
Además de la violencia en las calles, los puertos pesqueros de la provincia también se han convertido en escenarios de enfrentamientos armados entre bandas criminales. Un reciente incidente en Chanduy evidenció la presencia de la delincuencia organizada en esta área.
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